Carta publicada en el diario La Tercera, agosto 2008
Señor Director:
La Ministra Chevesich no ha manifestado juicios sobre el Holocausto ni ha "fallado sistemáticamente" aplicando la Ley de Amnistía. ¿Están dispuestos los senadores de la Concertación a apoyar su nominación a la Suprema?
Rodrigo Bordachar U.
Abogado
08 agosto 2008
17 julio 2008
Agresión a Ministra
Carta enviada a algunos diarios sobre la agresión sufrida por la MInistra de Educación Mónica Jiménez el 16 de julio de 2008Señor Director:
Hace ya un año que partí de Chile y me encuentro impactado del clima que se vive en el país. Cuando se pierde el respeto a las instituciones, personificadas en las personas que detentan cargos, la democracia empieza a peligrar.
La agresión a una ministra de Estado por una niña de 14 años no tiene justificación alguna y la ausencia total de arrepentimiento de parte de la agresora, realmente demuestra el estado de corrupción moral en que estamos cayendo en el país. Un relajo absoluto en las buenas costumbres y el respeto al otro.
Como bien lo ha dicho la ministra, lo que le pasó es el reflejo de las agresiones que viven cientos de profesores a lo largo del país. Miles de jóvenes, a su vez, ya no encuentran formación en sus casas, la que solían darnos nuestros padres y abuelos, y las costumbres (así, sin calificativos), son las que se obtienen en la calle, con los amigos, en Internet, en los programas de la TV (en esos donde sus participantes dicen que Sócrates murió de un balazo en la nariz).
Indignación me provoca igualmente la desidia de los "dirigentes del magisterio", que tras una ausencia de condena y una suerte de validación de la agresión de la alumna, pasó a un tibio rechazo, que si es leído con detención, no es tal.
Soy hijo de una "profesora de Estado", como dice su título, que se ha dedicado casi 30 años a formar en liceos públicos, a pesar de haber tenido la oportunidad de trabajar en colegios particulares. Por los relatos de mi madre, he visto a lo largo del tiempo cómo han cambiado las actitudes de sus alumnos. Hasta amenazas de muerte ha recibido de sus alumnos (ha tenido incluso que poner denuncias en el ministerio público), sin contar que sus colegas y ella misma viven a diario situaciones de irrespeto y provocación de parte de sus educandos.
Mientras, el Colegio de Profesores se dedica a defender a los malos profesores, evitando a toda costa que sean evaluados. Pero como sus dirigentes hace ya varios años que no pisan un aula (¿sabrán lo que es tener un alumno? ¿recordarán lo que es corregir pruebas?), poco les importan los atropellos que la gente que están llamados a defender sufre día a día, por sus propios alumnos.
Si hoy aceptan y "justifican" una agresión de una alumna a una ministra de Estado, por la calidad de una ley, tendrán mañana que aceptar y justificar otra agresión de un alumno, ahora a uno de sus colegas, por la mala educación que reciben.
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
Master en Derecho, especialidad litigios y arbitrajes U. de París 2 Panthéon-Assas
¿Demasiados abogados?
Carta enviada a El Mercurio el 2 de julio de 2008, a propósito de la polémica sobre el número y calidad de abogados
Demasiados abogados
Señor Director:
Con atención he seguido la polémica relativa a la cantidad de abogados que existen hoy en Chile. Para quienes ejercemos a veces nos resulta impactante reconocer que muchos de nuestros colegas cometen errores en aspectos que resultan básicos, que redundan en una mala defensa y en un perjuicio a las personas.
Pero ello no quiere decir que se tenga que restringir la creación de facultades de derecho. También como docente, me ha tocado ver que muchos de los alumnos de pregrado tienen una concepción dirigista de lo que debe ser la profesión. Ante el peligro de una "sobreoferta" de abogados, la tendencia natural del estudiante de derecho es a clamar por una regulación en el número de vacantes. Sin embargo, "la comodidad tiene cara de hereje", porque resulta fácil pontificar cuando ya tenemos el cupo asegurado o, mejor aún, el título de abogado bajo el brazo.
No nos corresponde a los abogados ni mucho menos al Estado decir cuántos abogados son suficientes. Tampoco podemos asociar buena calidad a universidades tradicionales y una calidad menor a los egresados de universidades privadas. Hace años que no se da esa "norma".
Por lo que sí debemos velar es por asegurar una efectiva calidad de la profesión. En Francia, donde resido actualmente (y como lo han destacado importantes autoridades del derecho por este mismo medio) hay una doble función de los profesionales del derecho. Me gustaría ilustrar cómo funciona.
Por un lado tenemos a los juristas, que son los egresados de la carrera de Derecho que no tienen una vocación de litigante y que se desempeñan dentro de una empresa en funciones corporativas. El jurista no puede tramitar en tribunales.
Por el otro, están los abogados, quienes son los únicos habilitados para el ejercicio profesional ante los tribunales. Para poder devenir abogado es necesario cumplir con todas las pruebas en la respectiva universidad (al igual que los juristas, 4 años de estudios, para obtener la licenciatura o "maitrisse en Droit", más uno o dos años más de master en alguna especialidad, que aunque opcionales, son la regla).
Terminada la formación, el alumno da un examen escrito administrado por el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) de su propia universidad (donde el postulante hizo una preparación para el examen), y que es conocido por su dificultad. Aprobado el examen escrito, el alumno queda habilitado a rendir tres exámenes orales frente a una comisión (uno de ellos denominado "el gran oral"), más un examen obligatorio de inglés. Aprobadas ambas etapas, el postulante a abogado entra a la Escuela de Formación de la Barra (EFB), que corresponda, por ejemplo, la de París, Marsella, Versalles, etc.
En esta escuela pasará un año y medio en total, que se descomponen en 6 meses de formación en materias de fondo y procesales, además deontológica, 6 meses de pasantía en una jurisdicción, empresa, o institución administrativa y 6 meses en un estudio jurídico.
Finalmente el postulante sólo será abogado si aprueba el concurso al final de su formación en el EFB, el CAPA o certificado de aptitud a la profesión de abogado.
No quiero calificar si este es el mejor ejemplo o no, pero al menos es una iniciativa interesante a la hora de filtrar la calidad de quienes litigarán ante los tribunales. No podemos perder de vista que el abogado litigante está a cargo de defender los derechos de las personas.
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
Master en Derecho, especialidad litigios y arbitrajes U. de París 2 Panthéon-Assas
Demasiados abogados
Señor Director:
Con atención he seguido la polémica relativa a la cantidad de abogados que existen hoy en Chile. Para quienes ejercemos a veces nos resulta impactante reconocer que muchos de nuestros colegas cometen errores en aspectos que resultan básicos, que redundan en una mala defensa y en un perjuicio a las personas.
Pero ello no quiere decir que se tenga que restringir la creación de facultades de derecho. También como docente, me ha tocado ver que muchos de los alumnos de pregrado tienen una concepción dirigista de lo que debe ser la profesión. Ante el peligro de una "sobreoferta" de abogados, la tendencia natural del estudiante de derecho es a clamar por una regulación en el número de vacantes. Sin embargo, "la comodidad tiene cara de hereje", porque resulta fácil pontificar cuando ya tenemos el cupo asegurado o, mejor aún, el título de abogado bajo el brazo.
No nos corresponde a los abogados ni mucho menos al Estado decir cuántos abogados son suficientes. Tampoco podemos asociar buena calidad a universidades tradicionales y una calidad menor a los egresados de universidades privadas. Hace años que no se da esa "norma".
Por lo que sí debemos velar es por asegurar una efectiva calidad de la profesión. En Francia, donde resido actualmente (y como lo han destacado importantes autoridades del derecho por este mismo medio) hay una doble función de los profesionales del derecho. Me gustaría ilustrar cómo funciona.
Por un lado tenemos a los juristas, que son los egresados de la carrera de Derecho que no tienen una vocación de litigante y que se desempeñan dentro de una empresa en funciones corporativas. El jurista no puede tramitar en tribunales.
Por el otro, están los abogados, quienes son los únicos habilitados para el ejercicio profesional ante los tribunales. Para poder devenir abogado es necesario cumplir con todas las pruebas en la respectiva universidad (al igual que los juristas, 4 años de estudios, para obtener la licenciatura o "maitrisse en Droit", más uno o dos años más de master en alguna especialidad, que aunque opcionales, son la regla).
Terminada la formación, el alumno da un examen escrito administrado por el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) de su propia universidad (donde el postulante hizo una preparación para el examen), y que es conocido por su dificultad. Aprobado el examen escrito, el alumno queda habilitado a rendir tres exámenes orales frente a una comisión (uno de ellos denominado "el gran oral"), más un examen obligatorio de inglés. Aprobadas ambas etapas, el postulante a abogado entra a la Escuela de Formación de la Barra (EFB), que corresponda, por ejemplo, la de París, Marsella, Versalles, etc.
En esta escuela pasará un año y medio en total, que se descomponen en 6 meses de formación en materias de fondo y procesales, además deontológica, 6 meses de pasantía en una jurisdicción, empresa, o institución administrativa y 6 meses en un estudio jurídico.
Finalmente el postulante sólo será abogado si aprueba el concurso al final de su formación en el EFB, el CAPA o certificado de aptitud a la profesión de abogado.
No quiero calificar si este es el mejor ejemplo o no, pero al menos es una iniciativa interesante a la hora de filtrar la calidad de quienes litigarán ante los tribunales. No podemos perder de vista que el abogado litigante está a cargo de defender los derechos de las personas.
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
Master en Derecho, especialidad litigios y arbitrajes U. de París 2 Panthéon-Assas
07 mayo 2008
¿Tiene la izquierda un discurso coherente en materia de Derechos del Hombre?
El 28 de abril de 2005 dos mujeres se enfrentan en un debate televisado. Ambas pretenden ser la candidata presidencial de su coalición. En la segunda ronda de preguntas, Amaro Gómez-Pablo le pregunta a una ex ministra de Salud y de Defensa sobre si está a favor de firmar el TLC que se estudia alcanzar con China, país que viola los Derechos Humanos. La candidata contesta que “si se comprobaran esas acusaciones jamás firmaría un TLC con China”.
En los últimos meses, a partir de los Juegos Olímpicos que se preparan en China, hemos sido testigos de algo que todos sabían (menos la candidata presidencial en el debate al que he aludido): La sistemática violación de los derechos humanos en China. Ejecuciones colectivas (sobre todo en el Año Nuevo Chino, que sirve para depurar a la sociedad de los “malos elementos”), restricciones a la libertad de prensa, privaciones de libertad a quienes hacen pública crítica al Régimen Comunista que gobierna (recientemente un blogger fue condenado a prisión por criticar en su página Web las prácticas del gobernante partido comunista). Y el sector político con “vocación” protectora de los derechos del hombre guarda cómplice silencio, y lo que es peor, acusa a quienes denuncian que deben atenerse y hacerse responsables de los perjuicios que este acto puede acarrear a Chile y su comercio internacional.
Por su parte la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por el cual se condenaban la violación sistemática de los derechos humanos en China. Fue aprobado con los votos de la derecha, los independientes y algunos diputados de la Concertación. Paradojalmente el rechazo vino exclusivamente de la izquierda. Horas más tarde, un diputado PPD y ex embajador, señalaría los riesgos que para nuestro país entrañaría dicho acto.
Pertenezco a una generación que no carga con las odiosidades del pasado y que cree en que una sociedad libre es posible de la mano con una correcta protección de los derechos humanos. Sin embargo, no puedo dejar de remarcar el doble discurso de la izquierda chilena en materia de derechos del hombre.
Durante buena parte de los últimos 30 años, activistas, parlamentarios y políticos -principalmente de izquierda- se transformaron en protectores de los derechos humanos, iniciando campañas, presentando querellas en tribunales nacionales e internacionales por actos atentatorios a los derechos del hombre (principalmente el derecho a la vida) que se habrían perpetrado tras la intervención militar de 1973. Hasta entonces, la defensa de los DDHH parecía ser monopolio de la izquierda mundial.
Valga un ejemplo: hace un par de semanas hemos visto como muchos políticos chilenos ensalzaban la figura de Fidel Castro al dejar la presidencia de Cuba, por la “altura de estadista” y su “sabiduría” en dejar su puesto, pero no escuché ni leí ninguna crítica a las décadas de exilios, de las torturas, de las restricciones a las libertades individuales, persecuciones y muertes a homosexuales en la isla, entre muchos otros atentados a los derechos del hombre. Eso no cuenta…
Permítame traer a colación que la misma candidata, hoy Presidenta, expuso en campaña con profusión sus (lamentables) vivencias como torturada política y las vejaciones que ella y su madre sufrieron durante el Gobierno Militar. De hecho, en Francia, donde resido actualmente, es de las cosas que más se destacan de su persona.
El Dalai Lama, exiliado como ella, por el Gobierno de China solicitó audiencia con la Presidenta en los inicios de su mandato. Tristemente el Premio Nobel de la Paz no pudo ser recibido por “problemas de agenda”. Quizás no tenía la altura política de la que gozan Miguel Bosé, Shakira, Antonio Banderas, Penélope Cruz u otras estrellas, que sí han tenido acceso a la apretada agenda de la Primera Autoridad del país.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en sus artículos 3 y 5 los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser torturados. Chile la firmó, por si no lo recordamos, o sea es ley de la República. No lo hicimos “por cumplir”, sino que porque nuestro país tiene (no es monopolio de un sector) vocación por los derechos humanos. Los derechos del hombre no tienen color político, deben respetarse siempre, sin importar quién los viole.
“He conocido muchas personas que sólo expresan horror ante los quebrantamientos de derechos humanos cuando son sometidas al impacto sensible de los hechos, pero que están prestas a olvidarse de ellos si se les libera de dicha emoción sensible. Lo que no vean, no sepan y no se sepa –o se olvide- no les importa realmente”. (Jaime Guzmán Errázuriz, La Segunda, 24 de mayo de 1985).
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
En los últimos meses, a partir de los Juegos Olímpicos que se preparan en China, hemos sido testigos de algo que todos sabían (menos la candidata presidencial en el debate al que he aludido): La sistemática violación de los derechos humanos en China. Ejecuciones colectivas (sobre todo en el Año Nuevo Chino, que sirve para depurar a la sociedad de los “malos elementos”), restricciones a la libertad de prensa, privaciones de libertad a quienes hacen pública crítica al Régimen Comunista que gobierna (recientemente un blogger fue condenado a prisión por criticar en su página Web las prácticas del gobernante partido comunista). Y el sector político con “vocación” protectora de los derechos del hombre guarda cómplice silencio, y lo que es peor, acusa a quienes denuncian que deben atenerse y hacerse responsables de los perjuicios que este acto puede acarrear a Chile y su comercio internacional.
Por su parte la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por el cual se condenaban la violación sistemática de los derechos humanos en China. Fue aprobado con los votos de la derecha, los independientes y algunos diputados de la Concertación. Paradojalmente el rechazo vino exclusivamente de la izquierda. Horas más tarde, un diputado PPD y ex embajador, señalaría los riesgos que para nuestro país entrañaría dicho acto.
Pertenezco a una generación que no carga con las odiosidades del pasado y que cree en que una sociedad libre es posible de la mano con una correcta protección de los derechos humanos. Sin embargo, no puedo dejar de remarcar el doble discurso de la izquierda chilena en materia de derechos del hombre.
Durante buena parte de los últimos 30 años, activistas, parlamentarios y políticos -principalmente de izquierda- se transformaron en protectores de los derechos humanos, iniciando campañas, presentando querellas en tribunales nacionales e internacionales por actos atentatorios a los derechos del hombre (principalmente el derecho a la vida) que se habrían perpetrado tras la intervención militar de 1973. Hasta entonces, la defensa de los DDHH parecía ser monopolio de la izquierda mundial.
Valga un ejemplo: hace un par de semanas hemos visto como muchos políticos chilenos ensalzaban la figura de Fidel Castro al dejar la presidencia de Cuba, por la “altura de estadista” y su “sabiduría” en dejar su puesto, pero no escuché ni leí ninguna crítica a las décadas de exilios, de las torturas, de las restricciones a las libertades individuales, persecuciones y muertes a homosexuales en la isla, entre muchos otros atentados a los derechos del hombre. Eso no cuenta…
Permítame traer a colación que la misma candidata, hoy Presidenta, expuso en campaña con profusión sus (lamentables) vivencias como torturada política y las vejaciones que ella y su madre sufrieron durante el Gobierno Militar. De hecho, en Francia, donde resido actualmente, es de las cosas que más se destacan de su persona.
El Dalai Lama, exiliado como ella, por el Gobierno de China solicitó audiencia con la Presidenta en los inicios de su mandato. Tristemente el Premio Nobel de la Paz no pudo ser recibido por “problemas de agenda”. Quizás no tenía la altura política de la que gozan Miguel Bosé, Shakira, Antonio Banderas, Penélope Cruz u otras estrellas, que sí han tenido acceso a la apretada agenda de la Primera Autoridad del país.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en sus artículos 3 y 5 los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser torturados. Chile la firmó, por si no lo recordamos, o sea es ley de la República. No lo hicimos “por cumplir”, sino que porque nuestro país tiene (no es monopolio de un sector) vocación por los derechos humanos. Los derechos del hombre no tienen color político, deben respetarse siempre, sin importar quién los viole.
“He conocido muchas personas que sólo expresan horror ante los quebrantamientos de derechos humanos cuando son sometidas al impacto sensible de los hechos, pero que están prestas a olvidarse de ellos si se les libera de dicha emoción sensible. Lo que no vean, no sepan y no se sepa –o se olvide- no les importa realmente”. (Jaime Guzmán Errázuriz, La Segunda, 24 de mayo de 1985).
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
04 diciembre 2007
La Francia de Sarkozy
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
Candidato a Máster en Derecho por la Universidad de París II Panthéon-Assas
Mientras me tomaba un chocolate caliente en la heladería Amorino de la Rue Soufflot, a pasos de mi universidad con mi compañera Mylène, entran dos señoras con pinta de gringas jubiladas. Le preguntan en inglés a la vendedora por qué protestan los jóvenes que caminan con un lienzo por la calle. Ella le contestó que no sabía.
Las señoras empezaron a leer los carteles y, aparte de no leer francés, no entendían nada. Entonces les dije: “protestan contra la autonomía universitaria; eso en mi país lo empezamos hace 30 años”.
Así podríamos resumir las últimas semanas de Francia: huelga del transporte, de los pescadores, de los estudiantes… hasta de los abogados. ¿Qué está haciendo Nicolás Sarkozy en el Elíseo que todo el mundo habla de él?
Tras la derrota de Ségolène Royal en junio pasado frente a Nicolás Sarkozy, la izquierda francesa pareció entrar en un estado de desorientación absoluta, estado que se acrecentó con el tiro de gracia que el Presidente Sarkozy dio al integrar a miembros del Partido Socialista francés a su gabinete.
Sarkozy goza actualmente de una mayoría suficiente, aunque menos holgada que la de su predecesor Jacques Chirac, para cumplir su programa de gobierno. Tiene al menos 5 años de garantía, que es período de la actual Asamblea Nacional. En su programa el Presidente había advertido sobre reformas duras, pero necesarias para sacar a Francia del estado de postración en el que a su juicio se encontraba. Según él, Francia necesitaba de una vez por todas acelerar el tranco, pues “se había quedado demasiado tiempo atrás”. Partió así anunciando una reducción sustancial de puestos públicos, la disminución global del gasto fiscal, la eliminación de algunos tribunales de justicia, llamados de proximidad, reformas a los regímenes de jubilación, autonomía financiera a las universidades y un reestudio a la política de inmigración entre otras reformas. Todas ellas están siendo actualmente discutidas en el Parlamento.
Los otros actores políticos
¿Qué ocurre con las demás agrupaciones políticas? Los partidos de la oposición han tenido escasa participación en la discusión de los temas, a tal punto que un matutino titulaba hace unos días “¿Está muerto el Partido Socialista?”. Este partido vive actualmente una verdadera montonera, marcada además por conflictos personales entre sus líderes. El actual primer secretario del PS está siendo amenazado en el cargo, desde las bases, que lo encuentran ajeno y sin respuestas a sus inquietudes. Se le critica que siempre el primer secretario del PS imponía su liderazgo a todo el país, siendo siempre “EL” candidato natural de la izquierda al Elíseo, cosa que en su caso no ocurrió. Además, su ex esposa y ex candidata presidencial Ségolène Royal le critica públicamente que no representa los intereses del pueblo francés y de no tener una actitud proactiva. Más atrás, pero de manera más sutil aparece en la crítica el alcalde de París, Bertrand Delanoë, quien en una ciudad tradicionalmente de Derecha (fue elegido tras la división de los partidos de derecha en la última municipal) goza de una popularidad que parece tenerle asegurada su reelección con medidas efectistas, como la playa en el Sena, los Velib (un sistema de transporte público que permite arrendar bicicletas en cada esquina), y el Tramway, que ya cuenta con tres ramas, entre otras. Todos critican a su propio partido y sus líderes.
Hollande sólo atina a prometer un aumento de los sueldos y del poder adquisitivo de los franceses: ¿el modo? Nadie lo sabe.
Más a la izquierda, el Partido Comunista francés que ya se encontraba en crisis de liderazgo antes de la elección presidencial de junio, prácticamente no existe en el debate público. Sus tradicionales banderas de lucha han sido tomadas por los sindicatos, como veremos más adelante.
En tanto, el ultraderechista Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que acaba de ser reelecto presidente de su partido, parece estar más preocupado de salvar la crisis financiera en la que se halla sumido tras la debacle que significaron las elecciones presidenciales y parlamentarias y en amagar las disputas internas entre los nuevos líderes que pretenden relevar a su veterano líder.
Por su parte, la sorpresa de la primera vuelta, François Bayrou ha sido incapaz también de estructurar su buen resultado electoral (recordemos que resultó tercero en la presidencial) en su partido, el UDF-Modem y últimamente sólo cuenta bajas que se pasan a las listas municipales y de gobierno del gobernante UMP. Por lo pronto, sus energías las tiene puestas en alcanzar la alcaldía de Pau, al sur de Francia.
Un Gobierno Heterogéneo
Podríamos decir que la mayor aptitud del presidente Nicolás Sarkozy es su muñeca y habilidad política. Desde el primer día descolocó a sus opositores —de la derecha y de la izquierda— al integrar a su gobierno a personajes de distintos orígenes que encarnaran a toda Francia: militantes socialistas (como Bernard Kouchner, en Relaciones Exteriores), ascendientes de árabes (como Rachida Dati, en Justicia) y ministros de color (como la secretaria de Estado para los Derechos del Hombre, Rama Yade), lo que antes no se había visto.
En el ámbito valórico también combinó. El caso más emblemático es el del Ministerio de Vivienda y Ciudad, en el que puso como ministra a la conservadora Christine Boutin, que defendió literalmente hasta las lágrimas su voto contra los pactos de unión civil, cuando era diputada, y a Fadela Amara, como su secretaria de Estado (subsecretaria), quien es presidenta de la agrupación feminista “Ni putas ni sumisas”. Como podrá ver el lector, el gobierno de Sarkozy es, por decir lo menos, variopinto.
Este aparente desorden de todas maneras tiene a veces desavenencias públicas y algunos ministros critican las medidas de sus colegas… la sangre tira, dicen. Pero sirve a poner orden la autoridad absoluta que tiene el Presidente.
Algunas de las ideas de Sarkozy han sorprendido a muchos de su sector. Lo más notorio ha sido que obligó a los colegios a leer públicamente en clases la carta de despedida de Guy Môquet, un joven militante de las Juventudes Socialistas que fue fusilado a los 17 años y que es un ícono para el PC francés. Sarkozy durante su campaña había reivindicado a Môquet
El Presidente “partout” (por todas partes)
Una característica de este gobierno es la omnipresencia del Presidente de la República. En Francia se comenta, e incluso es materia de sátira política, que el señor Sarkozy está en todos lados… y nadie sabe cómo. Un día puede estar viendo la semifinal del mundial de Rugby en Escocia, al otro día está en Francia, a la hora del té aparece en el Líbano y un día después aparece almorzando con Ángela Merkel en Alemania. Sencillamente Sarkozy aparece en todas partes.
En la V República tradicionalmente el Primer Ministro ha sido un actor de relevancia, pero desde la llegada de Sarkozy la figura de François Fillon, su primer ministro, aparece absoluto segundo plano. Tanto así que a la fecha de la redacción de este artículo, el Primer Ministro no registraba desde hace un mes y medio entrevistas de prensa, lo que resulta impensable para un jefe de gobierno, más aún en Francia. Ya se habla de un quiebre en las relaciones entre Nicolás Sarkozy y François Fillon.
Sarkozy ha sido rostro público de todas y cada una de sus reformas. Aparece él explicándolas a la gente, en terreno incluso. A tanto llega su protagonismo que podemos verlo hasta discutiendo con los pescadores que protestaban en su contra (él gritándoles que bajaran a conversar con él “si eran tan hombres”, pero escoltado -eso sí- de dos guardaespaldas). Pero sí es cierto que en los momentos más álgidos de las protestas sociales no se le vio en los medios y fueron sus ministros el rostro público de las negociaciones.
Las reformas
Nicolás Sarkozy llegó con una idea fija: que Francia retomara el sitial que le corresponde en el abanico mundial. La causa de esta pérdida de liderazgo estaría en este mega Estado, dotado de demasiadas funciones y que en lo social, es demasiado dadivoso. Llegó, por tanto, de mangas arremangadas, podríamos decir, a abrir las ventanas y “orear” la casa
Desde su primer día dispuso de una Comisión de Reforma a las Instituciones, presidida por Édouard Balladur, para proponer reformas legales que permitan reducir el tamaño del Estado. Como consecuencia de lo anterior, ya se redujeron numerosos puestos públicos en diversos ministerios y en algunos colegios.
La reforma tocó incluso a otros cuadros, como el de los abogados, que, como nunca han protestado. La Ministra Rachida Dati debe en su función eliminar varios tribunales de justicia, llamados de proximidad y que conocen de causas de una cuantía muy pequeña. El problema es que a diferencia de Chile los abogados están directamente vinculados a un tribunal y no son “nacionales”, lo que genera la crítica del gremio. Es la llamada reforma al mapa judicial.
Por su parte, la Ministra de la Educación Superior, Valérie Pécresse, tiene sus propias protestas, principalmente de estudiantes universitarios y de los liceos públicos. Se le acusa de querer privatizar la educación pública universitaria. En Francia no existen las universidades privadas, todas las universidades son públicas y las Grandes Écoles no son propiamente universidades, sino que institutos de enseñanza superior, aunque en muchos casos tengan mucho más prestigio que aquéllas. La denominada Ley Pécresse permite a las universidades públicas buscar financiamiento de manera autónoma del Estado, es decir, en la empresa privada. A diferencia de otros países, este endownment privado no aporta a la empresa beneficios tributarios. Pero el hecho mismo de que una universidad obtenga financiamiento del mundo privado hace erizar los pelos a los talibanes del socialismo, que ven en ello una eventual pérdida de libertad para las universidades en la determinación de sus planes y programas. Lo que sí parece ser cierto es que las más beneficiadas con este financiamiento externo serán las universidades más grandes en desmedro de las más pequeñas. Ni hablar de que haya incentivos para que las pequeñas sean beneficiadas, porque ahí sería otro problema, el de la discriminación.
En materia de inmigración, la preocupación de Sarkozy ha sido constante. Le ha encomendado a su Ministro de la Inmigración la expulsión de 25.000 inmigrantes ilegales, para lo cual ha utilizado algunos incentivos, como pagar a los inmigrantes ilegales para que vuelvan a sus países. Por otro lado, la medida más polémica producto de una enmienda al proyecto original del gobierno es la aplicación de test de ADN a los inmigrantes. Esto, con el fin de que cuando éstos solicitan traer a su familia a Francia sea fácilmente acreditable el vínculo de parentesco. El proyecto ha incluso despertado críticas al interior mismo del UMP y sus aliados, quienes lo tildan de xenófobo. La subsecretaria de vivienda lo calificó en la prensa de “asqueroso”.
En materia laboral llegó decidido a cambiar el sistema de pensiones. En Francia coexisten más de 130 regímenes especiales en materia de jubilación: empleados públicos, profesores, choferes de buses, empleados de ferrocarriles y podríamos hacer un listado eterno. En 1995 el entonces Primer Ministro Alain Juppé intentó infructuosamente imponer la reforma a los regímenes especiales, pero una huelga general de 2 meses terminó por cambiar los planes y, por cierto, al Gobierno, comenzando la primera cohabitación de un Presidente de derecha con un primer ministro de izquierda.
Hoy el escenario parece ser distinto. Tras una reforma a la Constitución las elecciones presidenciales son casi simultáneas con las parlamentarias (el período presidencial bajó de 7 a 5 años), lo que le da libertad al Presidente de hacer sus reformas durante su gobierno. Además las encuestas son favorables a los cambios.
Una consecuencia directa de que los servicios públicos sean del Estado es que pueden hacer presión. Al principio fue un día de huelga de transporte. Semanas después volvieron a la carga con una huelga más larga que a la postre no les sirvió de nada, porque el Presidente no transó, salvo en pequeñas cosas. Sirvió únicamente para poner en evidencia que la oposición está carente de ideas porque estuvo absolutamente ausente en el debate público. Sí afectó la popularidad de Sarkozy y Fillon, que tras 9 días de paro del transporte bajaron 5 puntos de popularidad.
Trabajar más para ganar más
Para los opositores de Sarkozy esta frase, que se ha transformado en el eslogan de su gobierno, es materia de burlas, toda vez que hace un mes el Presidente aumentó su salario en un 172%. Hasta antes de este cambio, el Presidente de la República ganaba la mitad que el Primer Ministro. Evidentemente fue un flanco abierto para Sarkozy, aunque las últimas encuestas indican que la población apoya las medidas, incluso su aumento de sueldo.
El pasado 29 de noviembre el Presidente Sarkozy anunció las nuevas medidas tendientes a aumentar el poder adquisitivo de los franceses, el que se ha resentido tras la conversión al euro como moneda única desde 2000. Los precios han subido y no así los sueldos de los franceses. La única solución —afirmó Sarkozy— es “permitir a las personas trabajar más para ganar más y de crear condiciones para el crecimiento”. Esto significa en términos prácticos que por vía legal generará las condiciones para permitir el trabajo dominical, pero con una remuneración en tal caso del doble de un día de trabajo normal, la fijación de la jornada laboral de 35 horas no será obligatoria, sino que dependerá de las negociaciones entre los trabajadores y los empresarios, “empresa por empresa”. Si la jornada de trabajo cambia, deberá compensarse con mejoras salariales. Esto resulta importante, porque evidentemente una jornada semanal de 35 horas no resulta suficiente, las horas extras deben compensarse con tiempo libre (reducción del tiempo de trabajo, RTT). El Presidente Sarkozy ha propuesto la posibilidad de que el RTT sea sustituido por una compensación económica.
Leía algunas opiniones de gente común en el diario y muchos decían que les parecía mejor, porque acumulaban horas libres, pero no tenían dinero para, por ejemplo, salir de la ciudad a aprovecharlas. Ahora en teoría tendrían ambas.
Para facilitar los arriendos, Sarkozy propuso liberalizar la conclusión de los contratos. Arrendar hoy un inmueble en Francia significa por lo menos tener 3 meses para pagar por adelantado, entre el mes de garantía y dos meses de caución, además de gozar de un aval. El Presidente en su propuesta sólo permitirá cobrar un mes de garantía. Con ello pretende facilitar a los jóvenes independizarse, que cada vez demoran más en salir del hogar familiar.
Entre otras medidas, también propuso una formación remunerada para los trabajadores en cesantía, que cada vez más aprovechan las regalías del sistema social francés.
Finalmente podemos decir que las reformas impulsadas por Sarkozy y su equipo eran necesarias. Resultaba paradojal que en la V República, mayormente gobernada por la Derecha (salvo los 14 años de Mitterrand), se hubiera dejado crecer tanto al Estado francés. Los chilenos han tendido en el último tiempo a mirar con admiración a Sarkozy, quizás por decir lo que en Chile no se atreven, pero lo cierto es que sus reformas son casi las mismas (incluso menos intensas) que las que hace treinta años comenzaron un grupo de hombres y mujeres visionarios en nuestro país.
Abogado PUC
Candidato a Máster en Derecho por la Universidad de París II Panthéon-Assas
Mientras me tomaba un chocolate caliente en la heladería Amorino de la Rue Soufflot, a pasos de mi universidad con mi compañera Mylène, entran dos señoras con pinta de gringas jubiladas. Le preguntan en inglés a la vendedora por qué protestan los jóvenes que caminan con un lienzo por la calle. Ella le contestó que no sabía.
Las señoras empezaron a leer los carteles y, aparte de no leer francés, no entendían nada. Entonces les dije: “protestan contra la autonomía universitaria; eso en mi país lo empezamos hace 30 años”.
Así podríamos resumir las últimas semanas de Francia: huelga del transporte, de los pescadores, de los estudiantes… hasta de los abogados. ¿Qué está haciendo Nicolás Sarkozy en el Elíseo que todo el mundo habla de él?
Tras la derrota de Ségolène Royal en junio pasado frente a Nicolás Sarkozy, la izquierda francesa pareció entrar en un estado de desorientación absoluta, estado que se acrecentó con el tiro de gracia que el Presidente Sarkozy dio al integrar a miembros del Partido Socialista francés a su gabinete.
Sarkozy goza actualmente de una mayoría suficiente, aunque menos holgada que la de su predecesor Jacques Chirac, para cumplir su programa de gobierno. Tiene al menos 5 años de garantía, que es período de la actual Asamblea Nacional. En su programa el Presidente había advertido sobre reformas duras, pero necesarias para sacar a Francia del estado de postración en el que a su juicio se encontraba. Según él, Francia necesitaba de una vez por todas acelerar el tranco, pues “se había quedado demasiado tiempo atrás”. Partió así anunciando una reducción sustancial de puestos públicos, la disminución global del gasto fiscal, la eliminación de algunos tribunales de justicia, llamados de proximidad, reformas a los regímenes de jubilación, autonomía financiera a las universidades y un reestudio a la política de inmigración entre otras reformas. Todas ellas están siendo actualmente discutidas en el Parlamento.
Los otros actores políticos
¿Qué ocurre con las demás agrupaciones políticas? Los partidos de la oposición han tenido escasa participación en la discusión de los temas, a tal punto que un matutino titulaba hace unos días “¿Está muerto el Partido Socialista?”. Este partido vive actualmente una verdadera montonera, marcada además por conflictos personales entre sus líderes. El actual primer secretario del PS está siendo amenazado en el cargo, desde las bases, que lo encuentran ajeno y sin respuestas a sus inquietudes. Se le critica que siempre el primer secretario del PS imponía su liderazgo a todo el país, siendo siempre “EL” candidato natural de la izquierda al Elíseo, cosa que en su caso no ocurrió. Además, su ex esposa y ex candidata presidencial Ségolène Royal le critica públicamente que no representa los intereses del pueblo francés y de no tener una actitud proactiva. Más atrás, pero de manera más sutil aparece en la crítica el alcalde de París, Bertrand Delanoë, quien en una ciudad tradicionalmente de Derecha (fue elegido tras la división de los partidos de derecha en la última municipal) goza de una popularidad que parece tenerle asegurada su reelección con medidas efectistas, como la playa en el Sena, los Velib (un sistema de transporte público que permite arrendar bicicletas en cada esquina), y el Tramway, que ya cuenta con tres ramas, entre otras. Todos critican a su propio partido y sus líderes.
Hollande sólo atina a prometer un aumento de los sueldos y del poder adquisitivo de los franceses: ¿el modo? Nadie lo sabe.
Más a la izquierda, el Partido Comunista francés que ya se encontraba en crisis de liderazgo antes de la elección presidencial de junio, prácticamente no existe en el debate público. Sus tradicionales banderas de lucha han sido tomadas por los sindicatos, como veremos más adelante.
En tanto, el ultraderechista Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que acaba de ser reelecto presidente de su partido, parece estar más preocupado de salvar la crisis financiera en la que se halla sumido tras la debacle que significaron las elecciones presidenciales y parlamentarias y en amagar las disputas internas entre los nuevos líderes que pretenden relevar a su veterano líder.
Por su parte, la sorpresa de la primera vuelta, François Bayrou ha sido incapaz también de estructurar su buen resultado electoral (recordemos que resultó tercero en la presidencial) en su partido, el UDF-Modem y últimamente sólo cuenta bajas que se pasan a las listas municipales y de gobierno del gobernante UMP. Por lo pronto, sus energías las tiene puestas en alcanzar la alcaldía de Pau, al sur de Francia.
Un Gobierno Heterogéneo
Podríamos decir que la mayor aptitud del presidente Nicolás Sarkozy es su muñeca y habilidad política. Desde el primer día descolocó a sus opositores —de la derecha y de la izquierda— al integrar a su gobierno a personajes de distintos orígenes que encarnaran a toda Francia: militantes socialistas (como Bernard Kouchner, en Relaciones Exteriores), ascendientes de árabes (como Rachida Dati, en Justicia) y ministros de color (como la secretaria de Estado para los Derechos del Hombre, Rama Yade), lo que antes no se había visto.
En el ámbito valórico también combinó. El caso más emblemático es el del Ministerio de Vivienda y Ciudad, en el que puso como ministra a la conservadora Christine Boutin, que defendió literalmente hasta las lágrimas su voto contra los pactos de unión civil, cuando era diputada, y a Fadela Amara, como su secretaria de Estado (subsecretaria), quien es presidenta de la agrupación feminista “Ni putas ni sumisas”. Como podrá ver el lector, el gobierno de Sarkozy es, por decir lo menos, variopinto.
Este aparente desorden de todas maneras tiene a veces desavenencias públicas y algunos ministros critican las medidas de sus colegas… la sangre tira, dicen. Pero sirve a poner orden la autoridad absoluta que tiene el Presidente.
Algunas de las ideas de Sarkozy han sorprendido a muchos de su sector. Lo más notorio ha sido que obligó a los colegios a leer públicamente en clases la carta de despedida de Guy Môquet, un joven militante de las Juventudes Socialistas que fue fusilado a los 17 años y que es un ícono para el PC francés. Sarkozy durante su campaña había reivindicado a Môquet
El Presidente “partout” (por todas partes)
Una característica de este gobierno es la omnipresencia del Presidente de la República. En Francia se comenta, e incluso es materia de sátira política, que el señor Sarkozy está en todos lados… y nadie sabe cómo. Un día puede estar viendo la semifinal del mundial de Rugby en Escocia, al otro día está en Francia, a la hora del té aparece en el Líbano y un día después aparece almorzando con Ángela Merkel en Alemania. Sencillamente Sarkozy aparece en todas partes.
En la V República tradicionalmente el Primer Ministro ha sido un actor de relevancia, pero desde la llegada de Sarkozy la figura de François Fillon, su primer ministro, aparece absoluto segundo plano. Tanto así que a la fecha de la redacción de este artículo, el Primer Ministro no registraba desde hace un mes y medio entrevistas de prensa, lo que resulta impensable para un jefe de gobierno, más aún en Francia. Ya se habla de un quiebre en las relaciones entre Nicolás Sarkozy y François Fillon.
Sarkozy ha sido rostro público de todas y cada una de sus reformas. Aparece él explicándolas a la gente, en terreno incluso. A tanto llega su protagonismo que podemos verlo hasta discutiendo con los pescadores que protestaban en su contra (él gritándoles que bajaran a conversar con él “si eran tan hombres”, pero escoltado -eso sí- de dos guardaespaldas). Pero sí es cierto que en los momentos más álgidos de las protestas sociales no se le vio en los medios y fueron sus ministros el rostro público de las negociaciones.
Las reformas
Nicolás Sarkozy llegó con una idea fija: que Francia retomara el sitial que le corresponde en el abanico mundial. La causa de esta pérdida de liderazgo estaría en este mega Estado, dotado de demasiadas funciones y que en lo social, es demasiado dadivoso. Llegó, por tanto, de mangas arremangadas, podríamos decir, a abrir las ventanas y “orear” la casa
Desde su primer día dispuso de una Comisión de Reforma a las Instituciones, presidida por Édouard Balladur, para proponer reformas legales que permitan reducir el tamaño del Estado. Como consecuencia de lo anterior, ya se redujeron numerosos puestos públicos en diversos ministerios y en algunos colegios.
La reforma tocó incluso a otros cuadros, como el de los abogados, que, como nunca han protestado. La Ministra Rachida Dati debe en su función eliminar varios tribunales de justicia, llamados de proximidad y que conocen de causas de una cuantía muy pequeña. El problema es que a diferencia de Chile los abogados están directamente vinculados a un tribunal y no son “nacionales”, lo que genera la crítica del gremio. Es la llamada reforma al mapa judicial.
Por su parte, la Ministra de la Educación Superior, Valérie Pécresse, tiene sus propias protestas, principalmente de estudiantes universitarios y de los liceos públicos. Se le acusa de querer privatizar la educación pública universitaria. En Francia no existen las universidades privadas, todas las universidades son públicas y las Grandes Écoles no son propiamente universidades, sino que institutos de enseñanza superior, aunque en muchos casos tengan mucho más prestigio que aquéllas. La denominada Ley Pécresse permite a las universidades públicas buscar financiamiento de manera autónoma del Estado, es decir, en la empresa privada. A diferencia de otros países, este endownment privado no aporta a la empresa beneficios tributarios. Pero el hecho mismo de que una universidad obtenga financiamiento del mundo privado hace erizar los pelos a los talibanes del socialismo, que ven en ello una eventual pérdida de libertad para las universidades en la determinación de sus planes y programas. Lo que sí parece ser cierto es que las más beneficiadas con este financiamiento externo serán las universidades más grandes en desmedro de las más pequeñas. Ni hablar de que haya incentivos para que las pequeñas sean beneficiadas, porque ahí sería otro problema, el de la discriminación.
En materia de inmigración, la preocupación de Sarkozy ha sido constante. Le ha encomendado a su Ministro de la Inmigración la expulsión de 25.000 inmigrantes ilegales, para lo cual ha utilizado algunos incentivos, como pagar a los inmigrantes ilegales para que vuelvan a sus países. Por otro lado, la medida más polémica producto de una enmienda al proyecto original del gobierno es la aplicación de test de ADN a los inmigrantes. Esto, con el fin de que cuando éstos solicitan traer a su familia a Francia sea fácilmente acreditable el vínculo de parentesco. El proyecto ha incluso despertado críticas al interior mismo del UMP y sus aliados, quienes lo tildan de xenófobo. La subsecretaria de vivienda lo calificó en la prensa de “asqueroso”.
En materia laboral llegó decidido a cambiar el sistema de pensiones. En Francia coexisten más de 130 regímenes especiales en materia de jubilación: empleados públicos, profesores, choferes de buses, empleados de ferrocarriles y podríamos hacer un listado eterno. En 1995 el entonces Primer Ministro Alain Juppé intentó infructuosamente imponer la reforma a los regímenes especiales, pero una huelga general de 2 meses terminó por cambiar los planes y, por cierto, al Gobierno, comenzando la primera cohabitación de un Presidente de derecha con un primer ministro de izquierda.
Hoy el escenario parece ser distinto. Tras una reforma a la Constitución las elecciones presidenciales son casi simultáneas con las parlamentarias (el período presidencial bajó de 7 a 5 años), lo que le da libertad al Presidente de hacer sus reformas durante su gobierno. Además las encuestas son favorables a los cambios.
Una consecuencia directa de que los servicios públicos sean del Estado es que pueden hacer presión. Al principio fue un día de huelga de transporte. Semanas después volvieron a la carga con una huelga más larga que a la postre no les sirvió de nada, porque el Presidente no transó, salvo en pequeñas cosas. Sirvió únicamente para poner en evidencia que la oposición está carente de ideas porque estuvo absolutamente ausente en el debate público. Sí afectó la popularidad de Sarkozy y Fillon, que tras 9 días de paro del transporte bajaron 5 puntos de popularidad.
Trabajar más para ganar más
Para los opositores de Sarkozy esta frase, que se ha transformado en el eslogan de su gobierno, es materia de burlas, toda vez que hace un mes el Presidente aumentó su salario en un 172%. Hasta antes de este cambio, el Presidente de la República ganaba la mitad que el Primer Ministro. Evidentemente fue un flanco abierto para Sarkozy, aunque las últimas encuestas indican que la población apoya las medidas, incluso su aumento de sueldo.
El pasado 29 de noviembre el Presidente Sarkozy anunció las nuevas medidas tendientes a aumentar el poder adquisitivo de los franceses, el que se ha resentido tras la conversión al euro como moneda única desde 2000. Los precios han subido y no así los sueldos de los franceses. La única solución —afirmó Sarkozy— es “permitir a las personas trabajar más para ganar más y de crear condiciones para el crecimiento”. Esto significa en términos prácticos que por vía legal generará las condiciones para permitir el trabajo dominical, pero con una remuneración en tal caso del doble de un día de trabajo normal, la fijación de la jornada laboral de 35 horas no será obligatoria, sino que dependerá de las negociaciones entre los trabajadores y los empresarios, “empresa por empresa”. Si la jornada de trabajo cambia, deberá compensarse con mejoras salariales. Esto resulta importante, porque evidentemente una jornada semanal de 35 horas no resulta suficiente, las horas extras deben compensarse con tiempo libre (reducción del tiempo de trabajo, RTT). El Presidente Sarkozy ha propuesto la posibilidad de que el RTT sea sustituido por una compensación económica.
Leía algunas opiniones de gente común en el diario y muchos decían que les parecía mejor, porque acumulaban horas libres, pero no tenían dinero para, por ejemplo, salir de la ciudad a aprovecharlas. Ahora en teoría tendrían ambas.
Para facilitar los arriendos, Sarkozy propuso liberalizar la conclusión de los contratos. Arrendar hoy un inmueble en Francia significa por lo menos tener 3 meses para pagar por adelantado, entre el mes de garantía y dos meses de caución, además de gozar de un aval. El Presidente en su propuesta sólo permitirá cobrar un mes de garantía. Con ello pretende facilitar a los jóvenes independizarse, que cada vez demoran más en salir del hogar familiar.
Entre otras medidas, también propuso una formación remunerada para los trabajadores en cesantía, que cada vez más aprovechan las regalías del sistema social francés.
Finalmente podemos decir que las reformas impulsadas por Sarkozy y su equipo eran necesarias. Resultaba paradojal que en la V República, mayormente gobernada por la Derecha (salvo los 14 años de Mitterrand), se hubiera dejado crecer tanto al Estado francés. Los chilenos han tendido en el último tiempo a mirar con admiración a Sarkozy, quizás por decir lo que en Chile no se atreven, pero lo cierto es que sus reformas son casi las mismas (incluso menos intensas) que las que hace treinta años comenzaron un grupo de hombres y mujeres visionarios en nuestro país.
27 enero 2007
Tribunal Constitucional y Píldora del Día Después
Rodrigo Bordachar Urrutia
Germán Westhoff Maureira
Ideas Públicas
El 11 de enero pasado el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia luego del requerimiento que le formulara un grupo de parlamentarios contra la Resolución Exenta del Ministerio de Salud que aprobó las “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”, por la cual se autorizaba, entre otras materias que regulaba, a menores a partir de los 14 años a recibir la denominada Píldora del Día Después sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Mucho se ha discutido en las últimas semanas sobre el alcance de dicho fallo, que terminó por declarar inconstitucional la Resolución ya señalada.
En efecto y para aclararlo desde ya, el TC no declaró en sí misma la distribución del aludido fármaco como inconstitucional, sino que se remitió a señalar que la Resolución Exenta N.º 584 que la autorizaba no era el vehículo jurídico válido para reglamentar esa y las demás políticas sobre regulación de la fertilidad. Esto en razón que a juicio de dicha magistratura e interpretando la Constitución, es el Presidente de la República quien debe, por medio de un decreto supremo, fijar las políticas y planes nacionales y no la Ministro de Salud, como fue el caso impugnado. En resumen, aunque tenía la forma de resolución, materialmente se regulaba materias propias de un decreto, fundamento que incluso fue apoyado por un informe de eminentes juristas como don Enrique Silva Cimma, don Alejandro Silva Bascuñán y don Francisco Cumplido, académicos ligados al pensamiento de la Concertación.
Se ha sostenido por algunos abogados y profesores universitarios que lo que ha hecho el TC con su sentencia es prohibir que el Gobierno dicte normas referidas a políticas públicas, específicamente en este caso, de salud pública. Pero de la simple lectura de la sentencia se comprueba lo contrario: se reafirma esta facultad, señalada tanto en la Constitución como en distintos cuerpos legales, pero previene en que ello debe hacerse por las vías jurídicas idóneas, como sería un decreto supremo. Otros, en tanto, han intentado asociar este fallo a una influencia de la Conferencia Episcopal, que se manifestara en la víspera de la sentencia contra el método de contracepción de emergencia denominado Píldora del Día Después.
Nos parece particularmente grave que se trate de desprestigiar a una Magistratura cada vez que un fallo o sentencia es adversa a los intereses de un grupo, sin entrar a discutir el fondo de la cuestión, por cuanto comienza a atacarse de manera indirecta las bases de la institucionalidad de una república.
Con todo, creemos que hay que resaltar un aspecto especialmente grave y complejo de los argumentos vertidos por la Presidencia de la República para rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad formulado por los parlamentarios: se señala que uno de los objetivos de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad es “superar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres respecto del control y ejercicio de la salud sexual y reproductiva”. En definitiva, el Ejecutivo insinúa con eufemismos que la maternidad termina siendo una cadena que ata a las mujeres a una desigualdad respecto de los hombres, lo que del todo termina por desnaturalizar el rol de madre de la mujer y lo que en verdad significa un hijo para ellas.
Por lo pronto, el Gobierno está ad portas de firmar el Decreto que sustituye a la Resolución Exenta declarada inconstitucional por el TC. Igualmente los mismos parlamentarios requirentes se preparan con un nuevo recurso, a la espera que ahora el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto y determine si la distribución de la Píldora del Día Después es contraria a nuestra Carta Fundamental.
Germán Westhoff Maureira
Ideas Públicas
El 11 de enero pasado el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia luego del requerimiento que le formulara un grupo de parlamentarios contra la Resolución Exenta del Ministerio de Salud que aprobó las “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”, por la cual se autorizaba, entre otras materias que regulaba, a menores a partir de los 14 años a recibir la denominada Píldora del Día Después sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Mucho se ha discutido en las últimas semanas sobre el alcance de dicho fallo, que terminó por declarar inconstitucional la Resolución ya señalada.
En efecto y para aclararlo desde ya, el TC no declaró en sí misma la distribución del aludido fármaco como inconstitucional, sino que se remitió a señalar que la Resolución Exenta N.º 584 que la autorizaba no era el vehículo jurídico válido para reglamentar esa y las demás políticas sobre regulación de la fertilidad. Esto en razón que a juicio de dicha magistratura e interpretando la Constitución, es el Presidente de la República quien debe, por medio de un decreto supremo, fijar las políticas y planes nacionales y no la Ministro de Salud, como fue el caso impugnado. En resumen, aunque tenía la forma de resolución, materialmente se regulaba materias propias de un decreto, fundamento que incluso fue apoyado por un informe de eminentes juristas como don Enrique Silva Cimma, don Alejandro Silva Bascuñán y don Francisco Cumplido, académicos ligados al pensamiento de la Concertación.
Se ha sostenido por algunos abogados y profesores universitarios que lo que ha hecho el TC con su sentencia es prohibir que el Gobierno dicte normas referidas a políticas públicas, específicamente en este caso, de salud pública. Pero de la simple lectura de la sentencia se comprueba lo contrario: se reafirma esta facultad, señalada tanto en la Constitución como en distintos cuerpos legales, pero previene en que ello debe hacerse por las vías jurídicas idóneas, como sería un decreto supremo. Otros, en tanto, han intentado asociar este fallo a una influencia de la Conferencia Episcopal, que se manifestara en la víspera de la sentencia contra el método de contracepción de emergencia denominado Píldora del Día Después.
Nos parece particularmente grave que se trate de desprestigiar a una Magistratura cada vez que un fallo o sentencia es adversa a los intereses de un grupo, sin entrar a discutir el fondo de la cuestión, por cuanto comienza a atacarse de manera indirecta las bases de la institucionalidad de una república.
Con todo, creemos que hay que resaltar un aspecto especialmente grave y complejo de los argumentos vertidos por la Presidencia de la República para rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad formulado por los parlamentarios: se señala que uno de los objetivos de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad es “superar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres respecto del control y ejercicio de la salud sexual y reproductiva”. En definitiva, el Ejecutivo insinúa con eufemismos que la maternidad termina siendo una cadena que ata a las mujeres a una desigualdad respecto de los hombres, lo que del todo termina por desnaturalizar el rol de madre de la mujer y lo que en verdad significa un hijo para ellas.
Por lo pronto, el Gobierno está ad portas de firmar el Decreto que sustituye a la Resolución Exenta declarada inconstitucional por el TC. Igualmente los mismos parlamentarios requirentes se preparan con un nuevo recurso, a la espera que ahora el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto y determine si la distribución de la Píldora del Día Después es contraria a nuestra Carta Fundamental.
09 septiembre 2006
Dios ha muerto; la Concertación lo mató*
Hace poco más de un año se promulgó la Ley 20.050, que contenía quizás la más importante de las reformas a la Constitución de 1980 que se hicieran en democracia. Estas reformas tuvieron su origen en dos mociones parlamentarias, la primera de senadores de la Alianza y la segunda, de sus pares de la Concertación. Las reformas constitucionales que en definitiva se aprobaron fueron fruto de consensos políticos importantes entre la oposición y el gobierno. Pero quizás uno de los aspectos que más se destacaron para marcar un punto de inflexión entre “la Constitución de Pinochet” y la Constitución reformada de 2005, fue que en la actual redacción, luego del Decreto N.º 100, que fijó el texto refundido del Código Político, ya no estaba la firma del Presidente Pinochet y sus ministros, sino que ahora llevaba la de Ricardo Lagos y su gabinete, marcando para muchos con este acto el fin de la transición a la democracia.
Aparte de las reformas que en la Ley N.º 20.050 expresamente se aprobaron, el ex presidente Lagos literalmente borró por decreto a Dios de nuestra historia republicana. El lector se preguntará de qué estamos hablando, máxime si hace bastantes años que el Estado se ha separado de la Iglesia. Pues bien, desde la Constitución Provisoria para el Estado de Chile, de octubre de 1818, los sucesivos textos constitucionales (incluida la Carta de 1925, conocida por marcar la separación definitiva entre Iglesia-Estado, y a excepción de la de 1828) han incluido antes de comenzar su articulado una invocación a Dios, bajo fórmulas tales como “en el nombre de Dios omnipotente, creador y supremo legislador” (1818), “ante el Supremo Legislador del Universo” (1822), “en el Nombre de Dios Omnipotente, Creador, Conservador, Remunerador y Supremo Legislador del Universo” (1823 y de manera similar en 1833) o “invocando el nombre de Dios Todopoderoso” (1925 y 1980).
Rescatando las palabras del eminente constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán (militante y fundador de la DC), “la invocación solemne a la Divinidad (en los textos constitucionales) armoniza con una característica que se encuentra en la raíz de la nacionalidad chilena y que tiene vigencia y vigor en amplia porción de quienes la componen, como lo testimonian una y otra vez las respuestas recogidas en los censos de la población” (Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV). En definitiva y anticipándome a los ataques, esto no es conservadurismo, ni un clericalismo trasnochado, sino que es la defensa de las bases de nuestra república, que si bien es laica, no debe desconocer sus principios fundamentales y la existencia de derechos que corresponden en razón de su naturaleza.
Si nos sentamos a ver en perspectiva los últimos ocho años de gobierno de la Concertación podemos decir que las bases fundamentales del humanismo cristiano, que han sido pilar de nuestra república desde sus inicios, han sido atacadas sucesiva y arteramente. Hoy por hoy vemos como temas valóricos se apoderan de la agenda pública y, sin exagerar, la formación “en lo diverso” ha hecho que a nuestros jóvenes y ciudadanos temas como el derecho a la vida, la libertad (en su sentido más propio) y otros tantos fundamentales les importen cada vez menos, de acuerdo a lo que dicen las encuestas.
Siguiendo en esa línea me parece que existe una cada vez mayor disociación entre los principios cristianos que inspiran a la Democracia Cristiana, partido que como sabemos forma parte de la Concertación, y las actuaciones públicas de sus dirigentes y representantes, incluso algunas de las cuales contravienen expresamente el texto de la declaración de principios de su partido, al cual dicen adherir. Por ejemplo, en su numeral segundo, la declaración de principios del PDC “proclama como fundamentales los derechos de la persona humana”, para luego agregar que “tales derechos son anteriores al Estado, por lo que sus instituciones deben garantizarlos integralmente, junto con otorgar a la sociedad los medios para someter su ejercicio a la exigencias del bien común”. En su numeral cuarto la Democracia Cristiana dice defender “a la familia como célula básica de la sociedad y procura el fortalecimiento de sus vínculos, la dignificación de la mujer y el resguardo de los hijos”. Permítame usted, señor lector, preguntarle si los dos entendemos lo mismo o llegamos a la misma conclusión: ¿es que acaso la DC renunció definitivamente a sus principios? ¿Sigue creyendo en que existen derechos de la persona humana anteriores al Estado, que cree en la familia, en el fortalecimiento de sus vínculos y todo lo ya señalado? Lo dejo a su examen.
Tampoco quiero que se piense con esta columna que estoy proponiendo volver a una sociedad clerical; muy por el contrario, sólo quiero hacer patente que en los 16 años de Concertación (la misma cantidad de años que duró el Gobierno Militar) bajo el rótulo de “humanismo laico” no ha “quitado la oscuridad que imponían las cadenas de la religión”, sino que ha buscado desconocer los derechos más esenciales de la persona humana y la posición del Estado frente a ésta.
Finalmente cabe preguntarse, a partir de los últimos acontecimientos derivados de la entrega de la Píldora del Día después a niñas desde 14 años sin consentimiento, o al menos consulta, a sus padres si no se trata de un nuevo ataque —quizás la estocada final— a las bases humanistas de nuestra república. ¿Habrán guardado los dirigentes del partido Demócrata Cristiano (enfatizo la última palabra de su nombre) que ministros de su partido firmaron la sentencia de muerte a Dios de nuestra Carta Fundamental?
Rodrigo Bordachar Urrutia
Aparte de las reformas que en la Ley N.º 20.050 expresamente se aprobaron, el ex presidente Lagos literalmente borró por decreto a Dios de nuestra historia republicana. El lector se preguntará de qué estamos hablando, máxime si hace bastantes años que el Estado se ha separado de la Iglesia. Pues bien, desde la Constitución Provisoria para el Estado de Chile, de octubre de 1818, los sucesivos textos constitucionales (incluida la Carta de 1925, conocida por marcar la separación definitiva entre Iglesia-Estado, y a excepción de la de 1828) han incluido antes de comenzar su articulado una invocación a Dios, bajo fórmulas tales como “en el nombre de Dios omnipotente, creador y supremo legislador” (1818), “ante el Supremo Legislador del Universo” (1822), “en el Nombre de Dios Omnipotente, Creador, Conservador, Remunerador y Supremo Legislador del Universo” (1823 y de manera similar en 1833) o “invocando el nombre de Dios Todopoderoso” (1925 y 1980).
Rescatando las palabras del eminente constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán (militante y fundador de la DC), “la invocación solemne a la Divinidad (en los textos constitucionales) armoniza con una característica que se encuentra en la raíz de la nacionalidad chilena y que tiene vigencia y vigor en amplia porción de quienes la componen, como lo testimonian una y otra vez las respuestas recogidas en los censos de la población” (Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV). En definitiva y anticipándome a los ataques, esto no es conservadurismo, ni un clericalismo trasnochado, sino que es la defensa de las bases de nuestra república, que si bien es laica, no debe desconocer sus principios fundamentales y la existencia de derechos que corresponden en razón de su naturaleza.
Si nos sentamos a ver en perspectiva los últimos ocho años de gobierno de la Concertación podemos decir que las bases fundamentales del humanismo cristiano, que han sido pilar de nuestra república desde sus inicios, han sido atacadas sucesiva y arteramente. Hoy por hoy vemos como temas valóricos se apoderan de la agenda pública y, sin exagerar, la formación “en lo diverso” ha hecho que a nuestros jóvenes y ciudadanos temas como el derecho a la vida, la libertad (en su sentido más propio) y otros tantos fundamentales les importen cada vez menos, de acuerdo a lo que dicen las encuestas.
Siguiendo en esa línea me parece que existe una cada vez mayor disociación entre los principios cristianos que inspiran a la Democracia Cristiana, partido que como sabemos forma parte de la Concertación, y las actuaciones públicas de sus dirigentes y representantes, incluso algunas de las cuales contravienen expresamente el texto de la declaración de principios de su partido, al cual dicen adherir. Por ejemplo, en su numeral segundo, la declaración de principios del PDC “proclama como fundamentales los derechos de la persona humana”, para luego agregar que “tales derechos son anteriores al Estado, por lo que sus instituciones deben garantizarlos integralmente, junto con otorgar a la sociedad los medios para someter su ejercicio a la exigencias del bien común”. En su numeral cuarto la Democracia Cristiana dice defender “a la familia como célula básica de la sociedad y procura el fortalecimiento de sus vínculos, la dignificación de la mujer y el resguardo de los hijos”. Permítame usted, señor lector, preguntarle si los dos entendemos lo mismo o llegamos a la misma conclusión: ¿es que acaso la DC renunció definitivamente a sus principios? ¿Sigue creyendo en que existen derechos de la persona humana anteriores al Estado, que cree en la familia, en el fortalecimiento de sus vínculos y todo lo ya señalado? Lo dejo a su examen.
Tampoco quiero que se piense con esta columna que estoy proponiendo volver a una sociedad clerical; muy por el contrario, sólo quiero hacer patente que en los 16 años de Concertación (la misma cantidad de años que duró el Gobierno Militar) bajo el rótulo de “humanismo laico” no ha “quitado la oscuridad que imponían las cadenas de la religión”, sino que ha buscado desconocer los derechos más esenciales de la persona humana y la posición del Estado frente a ésta.
Finalmente cabe preguntarse, a partir de los últimos acontecimientos derivados de la entrega de la Píldora del Día después a niñas desde 14 años sin consentimiento, o al menos consulta, a sus padres si no se trata de un nuevo ataque —quizás la estocada final— a las bases humanistas de nuestra república. ¿Habrán guardado los dirigentes del partido Demócrata Cristiano (enfatizo la última palabra de su nombre) que ministros de su partido firmaron la sentencia de muerte a Dios de nuestra Carta Fundamental?
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
(*) Columna publicada en El Mostrador (www.elmostrador.cl) y Revista Realidad
22 junio 2006
La Concertación y el Dogma de los Impuestos
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
Ideas Públicas
Este lunes las pizarras de los servicentros amanecieron una vez más al alza. Luego de un aumento brutal en los precios del combustible la semana pasada (que llegó a un récord de $37 por litro en algunos casos), la presión de los mercados internacionales provocó un nuevo aumento de precios. Algunos economistas han explicado el fenómeno en el crecimiento acelerado de algunas economías asiáticas, que tienen una mayor demanda de gasolinas, redundando en una escasez que a la vez provoca mayores precios.
Sin embargo hay condiciones particulares del mercado nacional que hacen que el precio de los combustibles sea especialmente alto, ya que los combustibles y el diesel están afectos a impuestos especiales. Particularmente esta semana el debate ha estado centrado en la reducción de estos impuestos, considerando que estos afectan el 40% del precio de la gasolina, entre el IVA y el impuesto específico.
Ha sido tanta la presión de los consumidores que la Presidenta ha tenido que salir a reforzar a su ministro de Hacienda en el sentido que no se reducirían, pues “no se puede desvestir un santo para vestir a otro” y que si se redujeran o eliminaran sería un subsidio a los más ricos.
A la luz de este último comentario parece ser que para la Concertación mantener o subir impuestos es un dogma (nunca han discutido de mutu proprio siquiera bajar alguno), y es que el enfoque que se les quiere dar, en el sentido que corregirían inequidades sociales, cargándole la mano al más rico es verdad sólo hasta cierto punto. Recordemos que hace un par de años, a pesar que correspondía restablecer el IVA en el 18%, la Concertación se opuso a cumplir su acuerdo, manteniéndolo en los 19 puntos actuales. El argumento era el financiamiento del plan AUGE. Como se sabe, el IVA es un impuesto regresivo que afecta mayormente a los sectores más pobres que gastan todos sus ingresos en bienes de consumo, todos los cuales son objeto de impuesto. Antes del IVA había sido el impuesto a la renta (el de 1.ª categoría subió del 15% al 17% de hoy). Y así en adelante, la tónica de los gobiernos de la Concertación ha sido echar mano a los impuestos para financiar todo.
Se equivoca el Gobierno al señalar que una rebaja al impuesto específico de las gasolinas es una ayuda a los más ricos. Se equivoca, pues a quien más perjudica es a la clase media, que tiene acceso a un vehículo y que hoy debe pagar cerca de $200 en impuestos por el litro de bencina. Los más ricos, en cambio, no resultan afectados, porque tendrán los recursos para adquirir un nuevo vehículo, ahora a diesel. Este último combustible tiene un precio menor, un impuesto más bajo y, además, provoca mayor contaminación. Cabe preguntarnos a dónde está poniendo el Gobierno los incentivos porque las señales, a nuestro juicio, son bastante equívocas.
No significa, como dice S.E., que rebajar impuestos significa desvestir un santo para vestir a otro, se trata de hacer más eficiente al Estado, o sea, hacer lo mismo o más, pero con menos recursos. La práctica nos ha demostrado que la supuesta inversión social a que reiterada y majaderamente alude el Gobierno no siempre termina en las manos de quien corresponde. Ya hemos visto acusaciones de fraude al fisco y malversación de fondos, contra funcionarios públicos que con dinero de todos los chilenos financiaron campañas electorales de partidos del propio Gobierno.
Lo que Chile debe definir es qué camino tomar: si el del recargo a la clase media por impuestos que no tienen sentido o el de la reducción del Estado, aumentando su eficiencia. Creo que lo sensato es lo último. Este Gobierno puede pasar a la historia no sólo por haber tenido a la primera mujer a la cabeza, sino por cambiar su visión de Estado, haciéndose eficiente y pequeño, en beneficio de todos los chilenos.
Abogado
Ideas Públicas
Este lunes las pizarras de los servicentros amanecieron una vez más al alza. Luego de un aumento brutal en los precios del combustible la semana pasada (que llegó a un récord de $37 por litro en algunos casos), la presión de los mercados internacionales provocó un nuevo aumento de precios. Algunos economistas han explicado el fenómeno en el crecimiento acelerado de algunas economías asiáticas, que tienen una mayor demanda de gasolinas, redundando en una escasez que a la vez provoca mayores precios.
Sin embargo hay condiciones particulares del mercado nacional que hacen que el precio de los combustibles sea especialmente alto, ya que los combustibles y el diesel están afectos a impuestos especiales. Particularmente esta semana el debate ha estado centrado en la reducción de estos impuestos, considerando que estos afectan el 40% del precio de la gasolina, entre el IVA y el impuesto específico.
Ha sido tanta la presión de los consumidores que la Presidenta ha tenido que salir a reforzar a su ministro de Hacienda en el sentido que no se reducirían, pues “no se puede desvestir un santo para vestir a otro” y que si se redujeran o eliminaran sería un subsidio a los más ricos.
A la luz de este último comentario parece ser que para la Concertación mantener o subir impuestos es un dogma (nunca han discutido de mutu proprio siquiera bajar alguno), y es que el enfoque que se les quiere dar, en el sentido que corregirían inequidades sociales, cargándole la mano al más rico es verdad sólo hasta cierto punto. Recordemos que hace un par de años, a pesar que correspondía restablecer el IVA en el 18%, la Concertación se opuso a cumplir su acuerdo, manteniéndolo en los 19 puntos actuales. El argumento era el financiamiento del plan AUGE. Como se sabe, el IVA es un impuesto regresivo que afecta mayormente a los sectores más pobres que gastan todos sus ingresos en bienes de consumo, todos los cuales son objeto de impuesto. Antes del IVA había sido el impuesto a la renta (el de 1.ª categoría subió del 15% al 17% de hoy). Y así en adelante, la tónica de los gobiernos de la Concertación ha sido echar mano a los impuestos para financiar todo.
Se equivoca el Gobierno al señalar que una rebaja al impuesto específico de las gasolinas es una ayuda a los más ricos. Se equivoca, pues a quien más perjudica es a la clase media, que tiene acceso a un vehículo y que hoy debe pagar cerca de $200 en impuestos por el litro de bencina. Los más ricos, en cambio, no resultan afectados, porque tendrán los recursos para adquirir un nuevo vehículo, ahora a diesel. Este último combustible tiene un precio menor, un impuesto más bajo y, además, provoca mayor contaminación. Cabe preguntarnos a dónde está poniendo el Gobierno los incentivos porque las señales, a nuestro juicio, son bastante equívocas.
No significa, como dice S.E., que rebajar impuestos significa desvestir un santo para vestir a otro, se trata de hacer más eficiente al Estado, o sea, hacer lo mismo o más, pero con menos recursos. La práctica nos ha demostrado que la supuesta inversión social a que reiterada y majaderamente alude el Gobierno no siempre termina en las manos de quien corresponde. Ya hemos visto acusaciones de fraude al fisco y malversación de fondos, contra funcionarios públicos que con dinero de todos los chilenos financiaron campañas electorales de partidos del propio Gobierno.
Lo que Chile debe definir es qué camino tomar: si el del recargo a la clase media por impuestos que no tienen sentido o el de la reducción del Estado, aumentando su eficiencia. Creo que lo sensato es lo último. Este Gobierno puede pasar a la historia no sólo por haber tenido a la primera mujer a la cabeza, sino por cambiar su visión de Estado, haciéndose eficiente y pequeño, en beneficio de todos los chilenos.
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