Hace poco más de un año se promulgó la Ley 20.050, que contenía quizás la más importante de las reformas a la Constitución de 1980 que se hicieran en democracia. Estas reformas tuvieron su origen en dos mociones parlamentarias, la primera de senadores de la Alianza y la segunda, de sus pares de la Concertación. Las reformas constitucionales que en definitiva se aprobaron fueron fruto de consensos políticos importantes entre la oposición y el gobierno. Pero quizás uno de los aspectos que más se destacaron para marcar un punto de inflexión entre “la Constitución de Pinochet” y la Constitución reformada de 2005, fue que en la actual redacción, luego del Decreto N.º 100, que fijó el texto refundido del Código Político, ya no estaba la firma del Presidente Pinochet y sus ministros, sino que ahora llevaba la de Ricardo Lagos y su gabinete, marcando para muchos con este acto el fin de la transición a la democracia.
Aparte de las reformas que en la Ley N.º 20.050 expresamente se aprobaron, el ex presidente Lagos literalmente borró por decreto a Dios de nuestra historia republicana. El lector se preguntará de qué estamos hablando, máxime si hace bastantes años que el Estado se ha separado de la Iglesia. Pues bien, desde la Constitución Provisoria para el Estado de Chile, de octubre de 1818, los sucesivos textos constitucionales (incluida la Carta de 1925, conocida por marcar la separación definitiva entre Iglesia-Estado, y a excepción de la de 1828) han incluido antes de comenzar su articulado una invocación a Dios, bajo fórmulas tales como “en el nombre de Dios omnipotente, creador y supremo legislador” (1818), “ante el Supremo Legislador del Universo” (1822), “en el Nombre de Dios Omnipotente, Creador, Conservador, Remunerador y Supremo Legislador del Universo” (1823 y de manera similar en 1833) o “invocando el nombre de Dios Todopoderoso” (1925 y 1980).
Rescatando las palabras del eminente constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán (militante y fundador de la DC), “la invocación solemne a la Divinidad (en los textos constitucionales) armoniza con una característica que se encuentra en la raíz de la nacionalidad chilena y que tiene vigencia y vigor en amplia porción de quienes la componen, como lo testimonian una y otra vez las respuestas recogidas en los censos de la población” (Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV). En definitiva y anticipándome a los ataques, esto no es conservadurismo, ni un clericalismo trasnochado, sino que es la defensa de las bases de nuestra república, que si bien es laica, no debe desconocer sus principios fundamentales y la existencia de derechos que corresponden en razón de su naturaleza.
Si nos sentamos a ver en perspectiva los últimos ocho años de gobierno de la Concertación podemos decir que las bases fundamentales del humanismo cristiano, que han sido pilar de nuestra república desde sus inicios, han sido atacadas sucesiva y arteramente. Hoy por hoy vemos como temas valóricos se apoderan de la agenda pública y, sin exagerar, la formación “en lo diverso” ha hecho que a nuestros jóvenes y ciudadanos temas como el derecho a la vida, la libertad (en su sentido más propio) y otros tantos fundamentales les importen cada vez menos, de acuerdo a lo que dicen las encuestas.
Siguiendo en esa línea me parece que existe una cada vez mayor disociación entre los principios cristianos que inspiran a la Democracia Cristiana, partido que como sabemos forma parte de la Concertación, y las actuaciones públicas de sus dirigentes y representantes, incluso algunas de las cuales contravienen expresamente el texto de la declaración de principios de su partido, al cual dicen adherir. Por ejemplo, en su numeral segundo, la declaración de principios del PDC “proclama como fundamentales los derechos de la persona humana”, para luego agregar que “tales derechos son anteriores al Estado, por lo que sus instituciones deben garantizarlos integralmente, junto con otorgar a la sociedad los medios para someter su ejercicio a la exigencias del bien común”. En su numeral cuarto la Democracia Cristiana dice defender “a la familia como célula básica de la sociedad y procura el fortalecimiento de sus vínculos, la dignificación de la mujer y el resguardo de los hijos”. Permítame usted, señor lector, preguntarle si los dos entendemos lo mismo o llegamos a la misma conclusión: ¿es que acaso la DC renunció definitivamente a sus principios? ¿Sigue creyendo en que existen derechos de la persona humana anteriores al Estado, que cree en la familia, en el fortalecimiento de sus vínculos y todo lo ya señalado? Lo dejo a su examen.
Tampoco quiero que se piense con esta columna que estoy proponiendo volver a una sociedad clerical; muy por el contrario, sólo quiero hacer patente que en los 16 años de Concertación (la misma cantidad de años que duró el Gobierno Militar) bajo el rótulo de “humanismo laico” no ha “quitado la oscuridad que imponían las cadenas de la religión”, sino que ha buscado desconocer los derechos más esenciales de la persona humana y la posición del Estado frente a ésta.
Finalmente cabe preguntarse, a partir de los últimos acontecimientos derivados de la entrega de la Píldora del Día después a niñas desde 14 años sin consentimiento, o al menos consulta, a sus padres si no se trata de un nuevo ataque —quizás la estocada final— a las bases humanistas de nuestra república. ¿Habrán guardado los dirigentes del partido Demócrata Cristiano (enfatizo la última palabra de su nombre) que ministros de su partido firmaron la sentencia de muerte a Dios de nuestra Carta Fundamental?
Rodrigo Bordachar Urrutia
Aparte de las reformas que en la Ley N.º 20.050 expresamente se aprobaron, el ex presidente Lagos literalmente borró por decreto a Dios de nuestra historia republicana. El lector se preguntará de qué estamos hablando, máxime si hace bastantes años que el Estado se ha separado de la Iglesia. Pues bien, desde la Constitución Provisoria para el Estado de Chile, de octubre de 1818, los sucesivos textos constitucionales (incluida la Carta de 1925, conocida por marcar la separación definitiva entre Iglesia-Estado, y a excepción de la de 1828) han incluido antes de comenzar su articulado una invocación a Dios, bajo fórmulas tales como “en el nombre de Dios omnipotente, creador y supremo legislador” (1818), “ante el Supremo Legislador del Universo” (1822), “en el Nombre de Dios Omnipotente, Creador, Conservador, Remunerador y Supremo Legislador del Universo” (1823 y de manera similar en 1833) o “invocando el nombre de Dios Todopoderoso” (1925 y 1980).
Rescatando las palabras del eminente constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán (militante y fundador de la DC), “la invocación solemne a la Divinidad (en los textos constitucionales) armoniza con una característica que se encuentra en la raíz de la nacionalidad chilena y que tiene vigencia y vigor en amplia porción de quienes la componen, como lo testimonian una y otra vez las respuestas recogidas en los censos de la población” (Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV). En definitiva y anticipándome a los ataques, esto no es conservadurismo, ni un clericalismo trasnochado, sino que es la defensa de las bases de nuestra república, que si bien es laica, no debe desconocer sus principios fundamentales y la existencia de derechos que corresponden en razón de su naturaleza.
Si nos sentamos a ver en perspectiva los últimos ocho años de gobierno de la Concertación podemos decir que las bases fundamentales del humanismo cristiano, que han sido pilar de nuestra república desde sus inicios, han sido atacadas sucesiva y arteramente. Hoy por hoy vemos como temas valóricos se apoderan de la agenda pública y, sin exagerar, la formación “en lo diverso” ha hecho que a nuestros jóvenes y ciudadanos temas como el derecho a la vida, la libertad (en su sentido más propio) y otros tantos fundamentales les importen cada vez menos, de acuerdo a lo que dicen las encuestas.
Siguiendo en esa línea me parece que existe una cada vez mayor disociación entre los principios cristianos que inspiran a la Democracia Cristiana, partido que como sabemos forma parte de la Concertación, y las actuaciones públicas de sus dirigentes y representantes, incluso algunas de las cuales contravienen expresamente el texto de la declaración de principios de su partido, al cual dicen adherir. Por ejemplo, en su numeral segundo, la declaración de principios del PDC “proclama como fundamentales los derechos de la persona humana”, para luego agregar que “tales derechos son anteriores al Estado, por lo que sus instituciones deben garantizarlos integralmente, junto con otorgar a la sociedad los medios para someter su ejercicio a la exigencias del bien común”. En su numeral cuarto la Democracia Cristiana dice defender “a la familia como célula básica de la sociedad y procura el fortalecimiento de sus vínculos, la dignificación de la mujer y el resguardo de los hijos”. Permítame usted, señor lector, preguntarle si los dos entendemos lo mismo o llegamos a la misma conclusión: ¿es que acaso la DC renunció definitivamente a sus principios? ¿Sigue creyendo en que existen derechos de la persona humana anteriores al Estado, que cree en la familia, en el fortalecimiento de sus vínculos y todo lo ya señalado? Lo dejo a su examen.
Tampoco quiero que se piense con esta columna que estoy proponiendo volver a una sociedad clerical; muy por el contrario, sólo quiero hacer patente que en los 16 años de Concertación (la misma cantidad de años que duró el Gobierno Militar) bajo el rótulo de “humanismo laico” no ha “quitado la oscuridad que imponían las cadenas de la religión”, sino que ha buscado desconocer los derechos más esenciales de la persona humana y la posición del Estado frente a ésta.
Finalmente cabe preguntarse, a partir de los últimos acontecimientos derivados de la entrega de la Píldora del Día después a niñas desde 14 años sin consentimiento, o al menos consulta, a sus padres si no se trata de un nuevo ataque —quizás la estocada final— a las bases humanistas de nuestra república. ¿Habrán guardado los dirigentes del partido Demócrata Cristiano (enfatizo la última palabra de su nombre) que ministros de su partido firmaron la sentencia de muerte a Dios de nuestra Carta Fundamental?
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
(*) Columna publicada en El Mostrador (www.elmostrador.cl) y Revista Realidad
