Carta publicada en el diario La Tercera, agosto 2008
Señor Director:
La Ministra Chevesich no ha manifestado juicios sobre el Holocausto ni ha "fallado sistemáticamente" aplicando la Ley de Amnistía. ¿Están dispuestos los senadores de la Concertación a apoyar su nominación a la Suprema?
Rodrigo Bordachar U.
Abogado
08 agosto 2008
17 julio 2008
Agresión a Ministra
Carta enviada a algunos diarios sobre la agresión sufrida por la MInistra de Educación Mónica Jiménez el 16 de julio de 2008Señor Director:
Hace ya un año que partí de Chile y me encuentro impactado del clima que se vive en el país. Cuando se pierde el respeto a las instituciones, personificadas en las personas que detentan cargos, la democracia empieza a peligrar.
La agresión a una ministra de Estado por una niña de 14 años no tiene justificación alguna y la ausencia total de arrepentimiento de parte de la agresora, realmente demuestra el estado de corrupción moral en que estamos cayendo en el país. Un relajo absoluto en las buenas costumbres y el respeto al otro.
Como bien lo ha dicho la ministra, lo que le pasó es el reflejo de las agresiones que viven cientos de profesores a lo largo del país. Miles de jóvenes, a su vez, ya no encuentran formación en sus casas, la que solían darnos nuestros padres y abuelos, y las costumbres (así, sin calificativos), son las que se obtienen en la calle, con los amigos, en Internet, en los programas de la TV (en esos donde sus participantes dicen que Sócrates murió de un balazo en la nariz).
Indignación me provoca igualmente la desidia de los "dirigentes del magisterio", que tras una ausencia de condena y una suerte de validación de la agresión de la alumna, pasó a un tibio rechazo, que si es leído con detención, no es tal.
Soy hijo de una "profesora de Estado", como dice su título, que se ha dedicado casi 30 años a formar en liceos públicos, a pesar de haber tenido la oportunidad de trabajar en colegios particulares. Por los relatos de mi madre, he visto a lo largo del tiempo cómo han cambiado las actitudes de sus alumnos. Hasta amenazas de muerte ha recibido de sus alumnos (ha tenido incluso que poner denuncias en el ministerio público), sin contar que sus colegas y ella misma viven a diario situaciones de irrespeto y provocación de parte de sus educandos.
Mientras, el Colegio de Profesores se dedica a defender a los malos profesores, evitando a toda costa que sean evaluados. Pero como sus dirigentes hace ya varios años que no pisan un aula (¿sabrán lo que es tener un alumno? ¿recordarán lo que es corregir pruebas?), poco les importan los atropellos que la gente que están llamados a defender sufre día a día, por sus propios alumnos.
Si hoy aceptan y "justifican" una agresión de una alumna a una ministra de Estado, por la calidad de una ley, tendrán mañana que aceptar y justificar otra agresión de un alumno, ahora a uno de sus colegas, por la mala educación que reciben.
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
Master en Derecho, especialidad litigios y arbitrajes U. de París 2 Panthéon-Assas
¿Demasiados abogados?
Carta enviada a El Mercurio el 2 de julio de 2008, a propósito de la polémica sobre el número y calidad de abogados
Demasiados abogados
Señor Director:
Con atención he seguido la polémica relativa a la cantidad de abogados que existen hoy en Chile. Para quienes ejercemos a veces nos resulta impactante reconocer que muchos de nuestros colegas cometen errores en aspectos que resultan básicos, que redundan en una mala defensa y en un perjuicio a las personas.
Pero ello no quiere decir que se tenga que restringir la creación de facultades de derecho. También como docente, me ha tocado ver que muchos de los alumnos de pregrado tienen una concepción dirigista de lo que debe ser la profesión. Ante el peligro de una "sobreoferta" de abogados, la tendencia natural del estudiante de derecho es a clamar por una regulación en el número de vacantes. Sin embargo, "la comodidad tiene cara de hereje", porque resulta fácil pontificar cuando ya tenemos el cupo asegurado o, mejor aún, el título de abogado bajo el brazo.
No nos corresponde a los abogados ni mucho menos al Estado decir cuántos abogados son suficientes. Tampoco podemos asociar buena calidad a universidades tradicionales y una calidad menor a los egresados de universidades privadas. Hace años que no se da esa "norma".
Por lo que sí debemos velar es por asegurar una efectiva calidad de la profesión. En Francia, donde resido actualmente (y como lo han destacado importantes autoridades del derecho por este mismo medio) hay una doble función de los profesionales del derecho. Me gustaría ilustrar cómo funciona.
Por un lado tenemos a los juristas, que son los egresados de la carrera de Derecho que no tienen una vocación de litigante y que se desempeñan dentro de una empresa en funciones corporativas. El jurista no puede tramitar en tribunales.
Por el otro, están los abogados, quienes son los únicos habilitados para el ejercicio profesional ante los tribunales. Para poder devenir abogado es necesario cumplir con todas las pruebas en la respectiva universidad (al igual que los juristas, 4 años de estudios, para obtener la licenciatura o "maitrisse en Droit", más uno o dos años más de master en alguna especialidad, que aunque opcionales, son la regla).
Terminada la formación, el alumno da un examen escrito administrado por el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) de su propia universidad (donde el postulante hizo una preparación para el examen), y que es conocido por su dificultad. Aprobado el examen escrito, el alumno queda habilitado a rendir tres exámenes orales frente a una comisión (uno de ellos denominado "el gran oral"), más un examen obligatorio de inglés. Aprobadas ambas etapas, el postulante a abogado entra a la Escuela de Formación de la Barra (EFB), que corresponda, por ejemplo, la de París, Marsella, Versalles, etc.
En esta escuela pasará un año y medio en total, que se descomponen en 6 meses de formación en materias de fondo y procesales, además deontológica, 6 meses de pasantía en una jurisdicción, empresa, o institución administrativa y 6 meses en un estudio jurídico.
Finalmente el postulante sólo será abogado si aprueba el concurso al final de su formación en el EFB, el CAPA o certificado de aptitud a la profesión de abogado.
No quiero calificar si este es el mejor ejemplo o no, pero al menos es una iniciativa interesante a la hora de filtrar la calidad de quienes litigarán ante los tribunales. No podemos perder de vista que el abogado litigante está a cargo de defender los derechos de las personas.
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
Master en Derecho, especialidad litigios y arbitrajes U. de París 2 Panthéon-Assas
Demasiados abogados
Señor Director:
Con atención he seguido la polémica relativa a la cantidad de abogados que existen hoy en Chile. Para quienes ejercemos a veces nos resulta impactante reconocer que muchos de nuestros colegas cometen errores en aspectos que resultan básicos, que redundan en una mala defensa y en un perjuicio a las personas.
Pero ello no quiere decir que se tenga que restringir la creación de facultades de derecho. También como docente, me ha tocado ver que muchos de los alumnos de pregrado tienen una concepción dirigista de lo que debe ser la profesión. Ante el peligro de una "sobreoferta" de abogados, la tendencia natural del estudiante de derecho es a clamar por una regulación en el número de vacantes. Sin embargo, "la comodidad tiene cara de hereje", porque resulta fácil pontificar cuando ya tenemos el cupo asegurado o, mejor aún, el título de abogado bajo el brazo.
No nos corresponde a los abogados ni mucho menos al Estado decir cuántos abogados son suficientes. Tampoco podemos asociar buena calidad a universidades tradicionales y una calidad menor a los egresados de universidades privadas. Hace años que no se da esa "norma".
Por lo que sí debemos velar es por asegurar una efectiva calidad de la profesión. En Francia, donde resido actualmente (y como lo han destacado importantes autoridades del derecho por este mismo medio) hay una doble función de los profesionales del derecho. Me gustaría ilustrar cómo funciona.
Por un lado tenemos a los juristas, que son los egresados de la carrera de Derecho que no tienen una vocación de litigante y que se desempeñan dentro de una empresa en funciones corporativas. El jurista no puede tramitar en tribunales.
Por el otro, están los abogados, quienes son los únicos habilitados para el ejercicio profesional ante los tribunales. Para poder devenir abogado es necesario cumplir con todas las pruebas en la respectiva universidad (al igual que los juristas, 4 años de estudios, para obtener la licenciatura o "maitrisse en Droit", más uno o dos años más de master en alguna especialidad, que aunque opcionales, son la regla).
Terminada la formación, el alumno da un examen escrito administrado por el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) de su propia universidad (donde el postulante hizo una preparación para el examen), y que es conocido por su dificultad. Aprobado el examen escrito, el alumno queda habilitado a rendir tres exámenes orales frente a una comisión (uno de ellos denominado "el gran oral"), más un examen obligatorio de inglés. Aprobadas ambas etapas, el postulante a abogado entra a la Escuela de Formación de la Barra (EFB), que corresponda, por ejemplo, la de París, Marsella, Versalles, etc.
En esta escuela pasará un año y medio en total, que se descomponen en 6 meses de formación en materias de fondo y procesales, además deontológica, 6 meses de pasantía en una jurisdicción, empresa, o institución administrativa y 6 meses en un estudio jurídico.
Finalmente el postulante sólo será abogado si aprueba el concurso al final de su formación en el EFB, el CAPA o certificado de aptitud a la profesión de abogado.
No quiero calificar si este es el mejor ejemplo o no, pero al menos es una iniciativa interesante a la hora de filtrar la calidad de quienes litigarán ante los tribunales. No podemos perder de vista que el abogado litigante está a cargo de defender los derechos de las personas.
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado PUC
Master en Derecho, especialidad litigios y arbitrajes U. de París 2 Panthéon-Assas
07 mayo 2008
¿Tiene la izquierda un discurso coherente en materia de Derechos del Hombre?
El 28 de abril de 2005 dos mujeres se enfrentan en un debate televisado. Ambas pretenden ser la candidata presidencial de su coalición. En la segunda ronda de preguntas, Amaro Gómez-Pablo le pregunta a una ex ministra de Salud y de Defensa sobre si está a favor de firmar el TLC que se estudia alcanzar con China, país que viola los Derechos Humanos. La candidata contesta que “si se comprobaran esas acusaciones jamás firmaría un TLC con China”.
En los últimos meses, a partir de los Juegos Olímpicos que se preparan en China, hemos sido testigos de algo que todos sabían (menos la candidata presidencial en el debate al que he aludido): La sistemática violación de los derechos humanos en China. Ejecuciones colectivas (sobre todo en el Año Nuevo Chino, que sirve para depurar a la sociedad de los “malos elementos”), restricciones a la libertad de prensa, privaciones de libertad a quienes hacen pública crítica al Régimen Comunista que gobierna (recientemente un blogger fue condenado a prisión por criticar en su página Web las prácticas del gobernante partido comunista). Y el sector político con “vocación” protectora de los derechos del hombre guarda cómplice silencio, y lo que es peor, acusa a quienes denuncian que deben atenerse y hacerse responsables de los perjuicios que este acto puede acarrear a Chile y su comercio internacional.
Por su parte la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por el cual se condenaban la violación sistemática de los derechos humanos en China. Fue aprobado con los votos de la derecha, los independientes y algunos diputados de la Concertación. Paradojalmente el rechazo vino exclusivamente de la izquierda. Horas más tarde, un diputado PPD y ex embajador, señalaría los riesgos que para nuestro país entrañaría dicho acto.
Pertenezco a una generación que no carga con las odiosidades del pasado y que cree en que una sociedad libre es posible de la mano con una correcta protección de los derechos humanos. Sin embargo, no puedo dejar de remarcar el doble discurso de la izquierda chilena en materia de derechos del hombre.
Durante buena parte de los últimos 30 años, activistas, parlamentarios y políticos -principalmente de izquierda- se transformaron en protectores de los derechos humanos, iniciando campañas, presentando querellas en tribunales nacionales e internacionales por actos atentatorios a los derechos del hombre (principalmente el derecho a la vida) que se habrían perpetrado tras la intervención militar de 1973. Hasta entonces, la defensa de los DDHH parecía ser monopolio de la izquierda mundial.
Valga un ejemplo: hace un par de semanas hemos visto como muchos políticos chilenos ensalzaban la figura de Fidel Castro al dejar la presidencia de Cuba, por la “altura de estadista” y su “sabiduría” en dejar su puesto, pero no escuché ni leí ninguna crítica a las décadas de exilios, de las torturas, de las restricciones a las libertades individuales, persecuciones y muertes a homosexuales en la isla, entre muchos otros atentados a los derechos del hombre. Eso no cuenta…
Permítame traer a colación que la misma candidata, hoy Presidenta, expuso en campaña con profusión sus (lamentables) vivencias como torturada política y las vejaciones que ella y su madre sufrieron durante el Gobierno Militar. De hecho, en Francia, donde resido actualmente, es de las cosas que más se destacan de su persona.
El Dalai Lama, exiliado como ella, por el Gobierno de China solicitó audiencia con la Presidenta en los inicios de su mandato. Tristemente el Premio Nobel de la Paz no pudo ser recibido por “problemas de agenda”. Quizás no tenía la altura política de la que gozan Miguel Bosé, Shakira, Antonio Banderas, Penélope Cruz u otras estrellas, que sí han tenido acceso a la apretada agenda de la Primera Autoridad del país.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en sus artículos 3 y 5 los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser torturados. Chile la firmó, por si no lo recordamos, o sea es ley de la República. No lo hicimos “por cumplir”, sino que porque nuestro país tiene (no es monopolio de un sector) vocación por los derechos humanos. Los derechos del hombre no tienen color político, deben respetarse siempre, sin importar quién los viole.
“He conocido muchas personas que sólo expresan horror ante los quebrantamientos de derechos humanos cuando son sometidas al impacto sensible de los hechos, pero que están prestas a olvidarse de ellos si se les libera de dicha emoción sensible. Lo que no vean, no sepan y no se sepa –o se olvide- no les importa realmente”. (Jaime Guzmán Errázuriz, La Segunda, 24 de mayo de 1985).
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
En los últimos meses, a partir de los Juegos Olímpicos que se preparan en China, hemos sido testigos de algo que todos sabían (menos la candidata presidencial en el debate al que he aludido): La sistemática violación de los derechos humanos en China. Ejecuciones colectivas (sobre todo en el Año Nuevo Chino, que sirve para depurar a la sociedad de los “malos elementos”), restricciones a la libertad de prensa, privaciones de libertad a quienes hacen pública crítica al Régimen Comunista que gobierna (recientemente un blogger fue condenado a prisión por criticar en su página Web las prácticas del gobernante partido comunista). Y el sector político con “vocación” protectora de los derechos del hombre guarda cómplice silencio, y lo que es peor, acusa a quienes denuncian que deben atenerse y hacerse responsables de los perjuicios que este acto puede acarrear a Chile y su comercio internacional.
Por su parte la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por el cual se condenaban la violación sistemática de los derechos humanos en China. Fue aprobado con los votos de la derecha, los independientes y algunos diputados de la Concertación. Paradojalmente el rechazo vino exclusivamente de la izquierda. Horas más tarde, un diputado PPD y ex embajador, señalaría los riesgos que para nuestro país entrañaría dicho acto.
Pertenezco a una generación que no carga con las odiosidades del pasado y que cree en que una sociedad libre es posible de la mano con una correcta protección de los derechos humanos. Sin embargo, no puedo dejar de remarcar el doble discurso de la izquierda chilena en materia de derechos del hombre.
Durante buena parte de los últimos 30 años, activistas, parlamentarios y políticos -principalmente de izquierda- se transformaron en protectores de los derechos humanos, iniciando campañas, presentando querellas en tribunales nacionales e internacionales por actos atentatorios a los derechos del hombre (principalmente el derecho a la vida) que se habrían perpetrado tras la intervención militar de 1973. Hasta entonces, la defensa de los DDHH parecía ser monopolio de la izquierda mundial.
Valga un ejemplo: hace un par de semanas hemos visto como muchos políticos chilenos ensalzaban la figura de Fidel Castro al dejar la presidencia de Cuba, por la “altura de estadista” y su “sabiduría” en dejar su puesto, pero no escuché ni leí ninguna crítica a las décadas de exilios, de las torturas, de las restricciones a las libertades individuales, persecuciones y muertes a homosexuales en la isla, entre muchos otros atentados a los derechos del hombre. Eso no cuenta…
Permítame traer a colación que la misma candidata, hoy Presidenta, expuso en campaña con profusión sus (lamentables) vivencias como torturada política y las vejaciones que ella y su madre sufrieron durante el Gobierno Militar. De hecho, en Francia, donde resido actualmente, es de las cosas que más se destacan de su persona.
El Dalai Lama, exiliado como ella, por el Gobierno de China solicitó audiencia con la Presidenta en los inicios de su mandato. Tristemente el Premio Nobel de la Paz no pudo ser recibido por “problemas de agenda”. Quizás no tenía la altura política de la que gozan Miguel Bosé, Shakira, Antonio Banderas, Penélope Cruz u otras estrellas, que sí han tenido acceso a la apretada agenda de la Primera Autoridad del país.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en sus artículos 3 y 5 los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser torturados. Chile la firmó, por si no lo recordamos, o sea es ley de la República. No lo hicimos “por cumplir”, sino que porque nuestro país tiene (no es monopolio de un sector) vocación por los derechos humanos. Los derechos del hombre no tienen color político, deben respetarse siempre, sin importar quién los viole.
“He conocido muchas personas que sólo expresan horror ante los quebrantamientos de derechos humanos cuando son sometidas al impacto sensible de los hechos, pero que están prestas a olvidarse de ellos si se les libera de dicha emoción sensible. Lo que no vean, no sepan y no se sepa –o se olvide- no les importa realmente”. (Jaime Guzmán Errázuriz, La Segunda, 24 de mayo de 1985).
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
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