Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
Ideas Públicas
Este lunes las pizarras de los servicentros amanecieron una vez más al alza. Luego de un aumento brutal en los precios del combustible la semana pasada (que llegó a un récord de $37 por litro en algunos casos), la presión de los mercados internacionales provocó un nuevo aumento de precios. Algunos economistas han explicado el fenómeno en el crecimiento acelerado de algunas economías asiáticas, que tienen una mayor demanda de gasolinas, redundando en una escasez que a la vez provoca mayores precios.
Sin embargo hay condiciones particulares del mercado nacional que hacen que el precio de los combustibles sea especialmente alto, ya que los combustibles y el diesel están afectos a impuestos especiales. Particularmente esta semana el debate ha estado centrado en la reducción de estos impuestos, considerando que estos afectan el 40% del precio de la gasolina, entre el IVA y el impuesto específico.
Ha sido tanta la presión de los consumidores que la Presidenta ha tenido que salir a reforzar a su ministro de Hacienda en el sentido que no se reducirían, pues “no se puede desvestir un santo para vestir a otro” y que si se redujeran o eliminaran sería un subsidio a los más ricos.
A la luz de este último comentario parece ser que para la Concertación mantener o subir impuestos es un dogma (nunca han discutido de mutu proprio siquiera bajar alguno), y es que el enfoque que se les quiere dar, en el sentido que corregirían inequidades sociales, cargándole la mano al más rico es verdad sólo hasta cierto punto. Recordemos que hace un par de años, a pesar que correspondía restablecer el IVA en el 18%, la Concertación se opuso a cumplir su acuerdo, manteniéndolo en los 19 puntos actuales. El argumento era el financiamiento del plan AUGE. Como se sabe, el IVA es un impuesto regresivo que afecta mayormente a los sectores más pobres que gastan todos sus ingresos en bienes de consumo, todos los cuales son objeto de impuesto. Antes del IVA había sido el impuesto a la renta (el de 1.ª categoría subió del 15% al 17% de hoy). Y así en adelante, la tónica de los gobiernos de la Concertación ha sido echar mano a los impuestos para financiar todo.
Se equivoca el Gobierno al señalar que una rebaja al impuesto específico de las gasolinas es una ayuda a los más ricos. Se equivoca, pues a quien más perjudica es a la clase media, que tiene acceso a un vehículo y que hoy debe pagar cerca de $200 en impuestos por el litro de bencina. Los más ricos, en cambio, no resultan afectados, porque tendrán los recursos para adquirir un nuevo vehículo, ahora a diesel. Este último combustible tiene un precio menor, un impuesto más bajo y, además, provoca mayor contaminación. Cabe preguntarnos a dónde está poniendo el Gobierno los incentivos porque las señales, a nuestro juicio, son bastante equívocas.
No significa, como dice S.E., que rebajar impuestos significa desvestir un santo para vestir a otro, se trata de hacer más eficiente al Estado, o sea, hacer lo mismo o más, pero con menos recursos. La práctica nos ha demostrado que la supuesta inversión social a que reiterada y majaderamente alude el Gobierno no siempre termina en las manos de quien corresponde. Ya hemos visto acusaciones de fraude al fisco y malversación de fondos, contra funcionarios públicos que con dinero de todos los chilenos financiaron campañas electorales de partidos del propio Gobierno.
Lo que Chile debe definir es qué camino tomar: si el del recargo a la clase media por impuestos que no tienen sentido o el de la reducción del Estado, aumentando su eficiencia. Creo que lo sensato es lo último. Este Gobierno puede pasar a la historia no sólo por haber tenido a la primera mujer a la cabeza, sino por cambiar su visión de Estado, haciéndose eficiente y pequeño, en beneficio de todos los chilenos.
12 junio 2006
Capital político y movilización estudiantil
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
Ideas Públicas
Las últimas tres semanas han estado marcadas por la movilización estudiantil, que partió violentamente demandando gratuidad en la PSU y en el pase escolar, para terminar en la discusión de temas de fondo, como la calidad de la educación (principalmente de la pública), la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el proceso de municipalización iniciado en los años 80.
Podemos decir que en sólo dos semanas el movimiento estudiantil alcanzó un capital político y social que cualquier gobierno quisiera tener, tanto así que fijaron la agenda y llenaron la pauta noticiosa. Para la comunidad nacional sus demandas no sólo eran justificadas, sino necesarias… hasta que pasó lo inevitable.
La Presidenta Bachelet toma la ofensiva, anunciando una batería de medidas que, a juicio del gobierno, tendían a solucionar los problemas que preocupan a los estudiantes. Esto, luego de una ardua semana de negociación del ministro de Educación con los dirigentes estudiantiles reunidos en la ACES.
Si éstos últimos hubieran ponderado el valor del capital político que acumularon en la semana previa del anuncio de la Presidenta Bachelet sin duda que habrían optado por deponer las tomas y paros, evitando el paro nacional y anunciando una actitud vigilante al cumplimiento de los objetivos propuestos por el gobierno.
Hasta entonces, sus dirigentes más emblemáticos, que a pesar de haber reconocido varios de ellos militancias o afinidades a partidos políticos, habían mantenido distancia a los vaivenes de la política contingente, manteniéndose autónomos en sus demandas. Pero finalmente fueron radicalizados, con intervenciones cada vez menos sutiles, de sectores diversos al estudiantado y que incluyeron proclamas de movimientos que creíamos ya desaparecidos, como el Frente Manuel Rodríguez… Sólo faltó Patria y Libertad.
De ser los héroes, los estudiantes pasaron en pocos días a ser un grupo que demandaba lo imposible y que, como tituló un matutino, “no se llenan con nada”. La opinión pública ya no consideraba justas sus demandas, que prácticamente fueron satisfechas con los anuncios presidenciales, sino que, por el contrario, los estudiantes aparecían con nuevas reivindicaciones, cada vez más descabelladas.
Algunos de los dirigentes del movimiento, sabiendo el capital político que habían cosechado, optaron por marginarse, previendo el camino que estaban tomando sus pares. Otros, también moderados, prefirieron mantenerse dentro, aunque arriesgando lo que ganaron, por evitar el monopolio de los totalitarismos que comenzaban a inundar y contaminar lo que consideraban exigencias justas.
A nuestro juicio, la prolongación innecesaria del conflicto —que prácticamente terminó en monólogo— sólo hizo que perdiera fuerza el tema de fondo de las reivindicaciones escolares: la calidad de la educación, especialmente la pública, calidad que no termina en el colegio, sino que también resulta paupérrima a nivel superior, donde universidades públicas ni siquiera consiguen acreditarse en un sistema en que es el propio Estado quien califica. Igualmente, redundó en una pérdida total del capital político alcanzado por los estudiantes, quitándoles el peso relativo que pudieron tener en una mesa de trabajo como la que terminó creando el Gobierno.
Podemos decir, en definitiva, que de gremialistas los estudiantes pasaron a ser meras cajas de resonancia de otros sectores sociales y políticos ajenos a sus propios intereses.
Abogado
Ideas Públicas
Las últimas tres semanas han estado marcadas por la movilización estudiantil, que partió violentamente demandando gratuidad en la PSU y en el pase escolar, para terminar en la discusión de temas de fondo, como la calidad de la educación (principalmente de la pública), la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el proceso de municipalización iniciado en los años 80.
Podemos decir que en sólo dos semanas el movimiento estudiantil alcanzó un capital político y social que cualquier gobierno quisiera tener, tanto así que fijaron la agenda y llenaron la pauta noticiosa. Para la comunidad nacional sus demandas no sólo eran justificadas, sino necesarias… hasta que pasó lo inevitable.
La Presidenta Bachelet toma la ofensiva, anunciando una batería de medidas que, a juicio del gobierno, tendían a solucionar los problemas que preocupan a los estudiantes. Esto, luego de una ardua semana de negociación del ministro de Educación con los dirigentes estudiantiles reunidos en la ACES.
Si éstos últimos hubieran ponderado el valor del capital político que acumularon en la semana previa del anuncio de la Presidenta Bachelet sin duda que habrían optado por deponer las tomas y paros, evitando el paro nacional y anunciando una actitud vigilante al cumplimiento de los objetivos propuestos por el gobierno.
Hasta entonces, sus dirigentes más emblemáticos, que a pesar de haber reconocido varios de ellos militancias o afinidades a partidos políticos, habían mantenido distancia a los vaivenes de la política contingente, manteniéndose autónomos en sus demandas. Pero finalmente fueron radicalizados, con intervenciones cada vez menos sutiles, de sectores diversos al estudiantado y que incluyeron proclamas de movimientos que creíamos ya desaparecidos, como el Frente Manuel Rodríguez… Sólo faltó Patria y Libertad.
De ser los héroes, los estudiantes pasaron en pocos días a ser un grupo que demandaba lo imposible y que, como tituló un matutino, “no se llenan con nada”. La opinión pública ya no consideraba justas sus demandas, que prácticamente fueron satisfechas con los anuncios presidenciales, sino que, por el contrario, los estudiantes aparecían con nuevas reivindicaciones, cada vez más descabelladas.
Algunos de los dirigentes del movimiento, sabiendo el capital político que habían cosechado, optaron por marginarse, previendo el camino que estaban tomando sus pares. Otros, también moderados, prefirieron mantenerse dentro, aunque arriesgando lo que ganaron, por evitar el monopolio de los totalitarismos que comenzaban a inundar y contaminar lo que consideraban exigencias justas.
A nuestro juicio, la prolongación innecesaria del conflicto —que prácticamente terminó en monólogo— sólo hizo que perdiera fuerza el tema de fondo de las reivindicaciones escolares: la calidad de la educación, especialmente la pública, calidad que no termina en el colegio, sino que también resulta paupérrima a nivel superior, donde universidades públicas ni siquiera consiguen acreditarse en un sistema en que es el propio Estado quien califica. Igualmente, redundó en una pérdida total del capital político alcanzado por los estudiantes, quitándoles el peso relativo que pudieron tener en una mesa de trabajo como la que terminó creando el Gobierno.
Podemos decir, en definitiva, que de gremialistas los estudiantes pasaron a ser meras cajas de resonancia de otros sectores sociales y políticos ajenos a sus propios intereses.
09 junio 2006
Los desafíos de la nueva justicia
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
Ideas Públicas
En los últimos días hemos visto numerosas notas de prensa referidas a la situación que viven muchos tribunales de justicia, especialmente de regiones, que se encuentran colapsados en la tramitación de sus causas.
A primera vista pareciera que las críticas que se han hecho oír corresponden a los antiguos tribunales, pues supuestamente tales problemas, luego de la reforma al proceso penal y la creación de los tribunales de familia, habían quedado en el pasado. Sin embargo, ellas se refieren precisamente a los nuevos sistemas procesales de reciente implementación.
Por ejemplo, un error en el cálculo de ingreso de causas en el primer año de funcionamiento de los Tribunales de Familia, sería la causa del retraso en las audiencias asociadas a su procedimiento, toda vez que sólo en los primeros seis meses se han presentado el total de demandas previstas para un año. Sin duda que la facilidad de los interesados en requerir justicia de estos tribunales para accionar, ha sido un aliciente en la amplia demanda que registran. Es así como el nuevo proceso que regula los tribunales de familia no exige la comparecencia de un abogado en la demanda, siguiendo la tendencia iniciada con los cambios a las posesiones efectivas al traspasar su competencia desde los juzgados civiles al Registro Civil, condición que en este caso ha resultado más bien positiva. Con todo, nos parece que no es comparable una situación con la otra, dada la trascendencia de los efectos que en uno y otro caso pueden provocarse. Por el contrario, estimamos que los esfuerzos por acercar la justicia a la gente no pueden descansar en omitir o restringir la participación de los abogados en un proceso.
El ministro Solís ha anunciado que presentará dentro del más breve plazo reformas a la legislación vigente, tendientes a reincorporar a los abogados a la tramitación de demandas de derecho de familia y a establecer la mediación —método de resolución de conflictos que hoy aparece como voluntario— con un carácter obligatorio.
Precisamente en este punto quisiéramos detenernos. En Chile no existe ni en los tribunales ni en la comunidad en general una cultura respecto al uso de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC). Hace unos años, la legislación nacional incorporó en el procedimiento civil la conciliación como un trámite obligatorio. En este caso, el juez propone a las partes “personalmente bases de arreglo” (artículo 262 del Código de procedimiento Civil). Sin embargo, la práctica profesional ha demostrado que este trámite lo realiza un actuario, que se limita a preguntar a las partes del litigio si éstas han llegado o no a un acuerdo.
Los esfuerzos por promover estos métodos se han concentrado en el sector privado, siendo el caso más importante a nuestro juicio, el del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y algunas iniciativas particulares como las de la Universidad Católica, que cuenta con un centro de mediación y dicta diplomados sobre el tema.
En países como Argentina y Colombia, en cambio, los MASC tienen un amplio desarrollo. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un programa de mediación comunitaria, donde los conflictos, entendiéndose por tales los propios de toda convivencia en comunidad, como los vecinales, hasta los que tienen carácter patrimonial, se presentan a mediación, que tiene por misión acercar las posiciones de las partes y que ellas mismas encuentren solución a su conflicto. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un sistema bien estructurado de mediación (que en ese país llaman conciliación) y la ley le ha entregado a este órgano la facultad de mediar.
A nuestro parecer, y reafirmando lo que hemos señalado, facilitar el acceso a la justicia no significa restar a profesionales en los procedimientos. Muy por el contrario, significa acercar a la ciudadanía a otros medios de resolución de conflictos, que sean menos costosos y de fácil acceso. Son innumerables los casos, sobre todo en sectores populares, en que las personas prefieren ver vulnerados sus derechos a iniciar demandas civiles, por lo gravoso que les resulta contratar un abogado, pagar a los auxiliares de la administración de justicia, etc., y lo que es peor, su única alternativa es concurrir a algún consultorio o clínica jurídica, que están tan o más colapsadas que los tribunales a los que pretenden recurrir.
Ahora que se discuten los cambios a los tribunales de familia y que está en estudio una reforma a la justicia civil, es que resulta esencial incorporar en Chile la cultura de los MASC. Este es un desafío pendiente, llevarlos a la comunidad y que sean los ciudadanos los propios actores de los cambios de la nueva justicia.
Abogado
Ideas Públicas
En los últimos días hemos visto numerosas notas de prensa referidas a la situación que viven muchos tribunales de justicia, especialmente de regiones, que se encuentran colapsados en la tramitación de sus causas.
A primera vista pareciera que las críticas que se han hecho oír corresponden a los antiguos tribunales, pues supuestamente tales problemas, luego de la reforma al proceso penal y la creación de los tribunales de familia, habían quedado en el pasado. Sin embargo, ellas se refieren precisamente a los nuevos sistemas procesales de reciente implementación.
Por ejemplo, un error en el cálculo de ingreso de causas en el primer año de funcionamiento de los Tribunales de Familia, sería la causa del retraso en las audiencias asociadas a su procedimiento, toda vez que sólo en los primeros seis meses se han presentado el total de demandas previstas para un año. Sin duda que la facilidad de los interesados en requerir justicia de estos tribunales para accionar, ha sido un aliciente en la amplia demanda que registran. Es así como el nuevo proceso que regula los tribunales de familia no exige la comparecencia de un abogado en la demanda, siguiendo la tendencia iniciada con los cambios a las posesiones efectivas al traspasar su competencia desde los juzgados civiles al Registro Civil, condición que en este caso ha resultado más bien positiva. Con todo, nos parece que no es comparable una situación con la otra, dada la trascendencia de los efectos que en uno y otro caso pueden provocarse. Por el contrario, estimamos que los esfuerzos por acercar la justicia a la gente no pueden descansar en omitir o restringir la participación de los abogados en un proceso.
El ministro Solís ha anunciado que presentará dentro del más breve plazo reformas a la legislación vigente, tendientes a reincorporar a los abogados a la tramitación de demandas de derecho de familia y a establecer la mediación —método de resolución de conflictos que hoy aparece como voluntario— con un carácter obligatorio.
Precisamente en este punto quisiéramos detenernos. En Chile no existe ni en los tribunales ni en la comunidad en general una cultura respecto al uso de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC). Hace unos años, la legislación nacional incorporó en el procedimiento civil la conciliación como un trámite obligatorio. En este caso, el juez propone a las partes “personalmente bases de arreglo” (artículo 262 del Código de procedimiento Civil). Sin embargo, la práctica profesional ha demostrado que este trámite lo realiza un actuario, que se limita a preguntar a las partes del litigio si éstas han llegado o no a un acuerdo.
Los esfuerzos por promover estos métodos se han concentrado en el sector privado, siendo el caso más importante a nuestro juicio, el del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y algunas iniciativas particulares como las de la Universidad Católica, que cuenta con un centro de mediación y dicta diplomados sobre el tema.
En países como Argentina y Colombia, en cambio, los MASC tienen un amplio desarrollo. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un programa de mediación comunitaria, donde los conflictos, entendiéndose por tales los propios de toda convivencia en comunidad, como los vecinales, hasta los que tienen carácter patrimonial, se presentan a mediación, que tiene por misión acercar las posiciones de las partes y que ellas mismas encuentren solución a su conflicto. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un sistema bien estructurado de mediación (que en ese país llaman conciliación) y la ley le ha entregado a este órgano la facultad de mediar.
A nuestro parecer, y reafirmando lo que hemos señalado, facilitar el acceso a la justicia no significa restar a profesionales en los procedimientos. Muy por el contrario, significa acercar a la ciudadanía a otros medios de resolución de conflictos, que sean menos costosos y de fácil acceso. Son innumerables los casos, sobre todo en sectores populares, en que las personas prefieren ver vulnerados sus derechos a iniciar demandas civiles, por lo gravoso que les resulta contratar un abogado, pagar a los auxiliares de la administración de justicia, etc., y lo que es peor, su única alternativa es concurrir a algún consultorio o clínica jurídica, que están tan o más colapsadas que los tribunales a los que pretenden recurrir.
Ahora que se discuten los cambios a los tribunales de familia y que está en estudio una reforma a la justicia civil, es que resulta esencial incorporar en Chile la cultura de los MASC. Este es un desafío pendiente, llevarlos a la comunidad y que sean los ciudadanos los propios actores de los cambios de la nueva justicia.
04 junio 2006
La Marcha de los Pingüinos
Rodrigo Bordachar Urrutia
Abogado
Ideas Públicas
El año pasado más o menos a esta misma altura del año nos preguntábamos en una columna de qué protestaban los estudiantes… universitarios, porque entonces el debate era sobre la Ley de Financiamiento de la Educación Superior. Hoy una nueva movilización estudiantil, ahora de estudiantes secundarios, es la que acapara titulares y reportajes. Igualmente podemos repetirnos la misma pregunta: ¿De qué protestan los estudiantes?
Debo reconocer al lector que en un primer momento no entendía la actitud de los escolares y las acciones violentas que adoptaron para hacerse escuchar. Recordemos que hubo en un primer momento hubo cientos, sí, cientos de escolares detenidos por disturbios y desórdenes. Sus pretensiones eran la gratuidad de la PSU, cuyos aranceles habían sido comunicados por la Universidad de Chile recientemente, además de pase escolar gratuito, pues su uso se limitaba a dos viajes diarios. Poco a poco los estudiantes y sus dirigentes se dieron cuenta que la modalidad usada, mayormente violenta, no era el vehículo idóneo para captar adherentes a sus peticiones y que, muy por el contrario, comenzaban a despertar anticuerpos en vez de la simpatía de la comunidad nacional.
Tomando una actitud pacífica ahora, salvo excepcionales incidentes, los secundarios ampliaron y profundizaron sus demandas, ahora a la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y de la Jornada Escolar Completa (JEC). A su entender, y las cifras los respaldan, los sucesivos gobiernos a contar de 1990, a pesar de haber triplicado el gasto en educación, no han logrado mejorar los índices de calidad de la educación pública. Los desastrosos resultados en el SIMCE, que en casi 10 años no sólo no han logrado avanzar sino que han retrocedido, además de un aumento vergonzoso en la brecha existente en los resultados en la PSU entre colegios particulares y municipalizados dan cuenta del total fracaso de los gobiernos de la Concertación en la materia.
A nuestro entender los cambios no pasan, como creen los estudiantes, en la derogación de la LOCE. Para ellos el traspaso de la educación escolar desde el Estado hacia las municipalidades ha sido el principal factor de degradación en la calidad de la educación. Creemos, sin embargo, que el balance luego de 16 años de vigencia de esta ley no puede ser más que positivo, pues abrió la posibilidad a los privados de entrar en la prestación de servicios educacionales, a través de colegios particular-subvencionados, como en la educación superior, lo que ha redundado en un aumento de la cobertura. Con todo, no desconocemos que ésta deba ser perfeccionada, pero en ningún caso esta perfección puede terminar transformando al Estado en el motor y casi prestador único de la educación, sino que, por el contrario, traspasando a los escolares y a sus padres la libertad de elegir el colegio que más se acomoda a sus intereses. Esto es, traspasando los subsidios que da el Estado a los colegios municipalizados a los propios beneficiarios, lo que redundaría en una mayor competencia entre los colegios por acaparar mayor cantidad de alumnos a través de la mejora de sus índices de calidad. Creemos que la labor del Estado debe limitarse a prestar directamente educación en lugares que por lo difícil de los accesos no puedan prestarla los particulares.
Por otro lado, una reforma al sistema educacional pasa obligatoriamente por derogar el Estatuto Docente, cuyo único efecto fue perpetuar a los malos profesores en sus cargos, a través de una mal entendida inamovilidad laboral.
En segundo lugar, la JEC ha terminado siendo sólo un derroche de recursos en nuevos edificios, pero no hay avances concretos que permitan decir con propiedad que ésta de verdad se usa para mejorar la calidad de la educación. Los colegios particulares, por ejemplo, aprovechan de complementar las mayores horas de clase, en complementar las materias mínimas, con currícula adicionales a los mínimos establecidos por el Estado. La prueba de su eficacia está en los resultados.
Finalmente, creemos que las soluciones a las inquietudes de los estudiantes, que no son más que un clamor desesperado por igualdad de oportunidades que en los gobiernos de la Concertación no ha sido satisfecho, no pasa por retroceder 20 ó 30 años al “Estado Docente”, sino que pasa por mirar al futuro y adoptar los modelos que han llevado a otros países a dar el gran salto en materia de la calidad de la educación, salto que sólo se da al traspasar a las personas la libertad de elegir su futuro y el de sus hijos.
Abogado
Ideas Públicas
El año pasado más o menos a esta misma altura del año nos preguntábamos en una columna de qué protestaban los estudiantes… universitarios, porque entonces el debate era sobre la Ley de Financiamiento de la Educación Superior. Hoy una nueva movilización estudiantil, ahora de estudiantes secundarios, es la que acapara titulares y reportajes. Igualmente podemos repetirnos la misma pregunta: ¿De qué protestan los estudiantes?
Debo reconocer al lector que en un primer momento no entendía la actitud de los escolares y las acciones violentas que adoptaron para hacerse escuchar. Recordemos que hubo en un primer momento hubo cientos, sí, cientos de escolares detenidos por disturbios y desórdenes. Sus pretensiones eran la gratuidad de la PSU, cuyos aranceles habían sido comunicados por la Universidad de Chile recientemente, además de pase escolar gratuito, pues su uso se limitaba a dos viajes diarios. Poco a poco los estudiantes y sus dirigentes se dieron cuenta que la modalidad usada, mayormente violenta, no era el vehículo idóneo para captar adherentes a sus peticiones y que, muy por el contrario, comenzaban a despertar anticuerpos en vez de la simpatía de la comunidad nacional.
Tomando una actitud pacífica ahora, salvo excepcionales incidentes, los secundarios ampliaron y profundizaron sus demandas, ahora a la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y de la Jornada Escolar Completa (JEC). A su entender, y las cifras los respaldan, los sucesivos gobiernos a contar de 1990, a pesar de haber triplicado el gasto en educación, no han logrado mejorar los índices de calidad de la educación pública. Los desastrosos resultados en el SIMCE, que en casi 10 años no sólo no han logrado avanzar sino que han retrocedido, además de un aumento vergonzoso en la brecha existente en los resultados en la PSU entre colegios particulares y municipalizados dan cuenta del total fracaso de los gobiernos de la Concertación en la materia.
A nuestro entender los cambios no pasan, como creen los estudiantes, en la derogación de la LOCE. Para ellos el traspaso de la educación escolar desde el Estado hacia las municipalidades ha sido el principal factor de degradación en la calidad de la educación. Creemos, sin embargo, que el balance luego de 16 años de vigencia de esta ley no puede ser más que positivo, pues abrió la posibilidad a los privados de entrar en la prestación de servicios educacionales, a través de colegios particular-subvencionados, como en la educación superior, lo que ha redundado en un aumento de la cobertura. Con todo, no desconocemos que ésta deba ser perfeccionada, pero en ningún caso esta perfección puede terminar transformando al Estado en el motor y casi prestador único de la educación, sino que, por el contrario, traspasando a los escolares y a sus padres la libertad de elegir el colegio que más se acomoda a sus intereses. Esto es, traspasando los subsidios que da el Estado a los colegios municipalizados a los propios beneficiarios, lo que redundaría en una mayor competencia entre los colegios por acaparar mayor cantidad de alumnos a través de la mejora de sus índices de calidad. Creemos que la labor del Estado debe limitarse a prestar directamente educación en lugares que por lo difícil de los accesos no puedan prestarla los particulares.
Por otro lado, una reforma al sistema educacional pasa obligatoriamente por derogar el Estatuto Docente, cuyo único efecto fue perpetuar a los malos profesores en sus cargos, a través de una mal entendida inamovilidad laboral.
En segundo lugar, la JEC ha terminado siendo sólo un derroche de recursos en nuevos edificios, pero no hay avances concretos que permitan decir con propiedad que ésta de verdad se usa para mejorar la calidad de la educación. Los colegios particulares, por ejemplo, aprovechan de complementar las mayores horas de clase, en complementar las materias mínimas, con currícula adicionales a los mínimos establecidos por el Estado. La prueba de su eficacia está en los resultados.
Finalmente, creemos que las soluciones a las inquietudes de los estudiantes, que no son más que un clamor desesperado por igualdad de oportunidades que en los gobiernos de la Concertación no ha sido satisfecho, no pasa por retroceder 20 ó 30 años al “Estado Docente”, sino que pasa por mirar al futuro y adoptar los modelos que han llevado a otros países a dar el gran salto en materia de la calidad de la educación, salto que sólo se da al traspasar a las personas la libertad de elegir su futuro y el de sus hijos.
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